Sólo el PP y sus socios certifican la compatibilidad del ministro Rato

El PP, con el respaldo de CiU y Coalición Canaria, certificó ayer que el vicepresidente y ministro de Economía, Rodrigo Rato, compatibiliza a la perfección su cargo de diputado con sus actividades privadas. Si el martes el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, defendió que Rato no ha incumplido el artículo 2.2 de la Ley de Incompatibilidades de altos cargos, que dice que éstos no podrán tener, por sí o junto a su cónyuge e hijos, participaciones de más del 10% en empresas que contraten con el sector público, ayer la Comisión del Estatuto del Diputado certificó que el ministro, como diputado, tampoco incumple el artículo 159.3.a) de la Ley del Régimen Electoral, que se aplica a diputados y senadores. Declara incompatible con el mandato de diputado mantener una 'participación superior al 10% en actividades empresariales o profesionales de toda índole que tengan conciertos, concesiones o contratos con organismos o empresas del sector público estatal, autonómico o local'.

La mayoría del PP, CiU y CC decidió que Rato no incumple este artículo basándose simplemente en el escrito que éste les remitió anteayer y en el que el vicepresidente afirma que no tiene nada que añadir a la declaración de actividades que realizó al inicio de la legislatura. En esa declaración, Rato dejó en blanco todas las preguntas sobre posibles negocios privados.

El presidente de la Comisión, el popular Aurelio Romero, evitó explicar el razonamiento de su grupo basándose en que las deliberaciones son a puerta cerrada. Los representantes de CiU y CC, Manel Silva y Luis Mardones, argumentaron que la Comisión del Estatuto no es de investigación, por lo que tiene que dar por buenas las declaraciones de los diputados: no puede indagar más. Los diputados del PSOE, IU y PNV, Joan Marcet, Luis Carlos Rejón y Margarita Uría, arrancaron su rechazo a esta absolución mayoritaria con el argumento de que no tienen suficientes datos para concluir que Rato no ha incumplido y reclamaron ver su declaración de bienes.

Crédito del HSBC

El motivo por el que pidieron conocer este documento es que, durante la Comisión Gescartera, el HSBC informó de que había concedido un crédito de 525 millones de pesetas a la empresa Muinmo y declaró que esa sociedad era propiedad, a partes iguales, de los tres hermanos Rato. Como Muinmo, a través de sus emisoras de radio, contrata con el sector público y el vicepresidente tiene más de un 10% de participación habría incumplido, según PSOE, IU, PNV y Grupo Mixto, su compatibilidad como alto cargo y como diputado.

El Gobierno, al eximirle de incumplir como alto cargo, decidió que ese porcentaje debe poseerse directamente y no a través de empresas intermedias, como parece ser el caso. Ayer CiU y CC, en su respaldo al PP, esgrimieron que a la Comisión del Estatuto no le compete reclamar esa declaración y que ésta sólo se usa como garantía para poder demostrar, al final del mandato, que el cargo público no se ha enriquecido.