El Gobierno afirma que Rato no incurre en incompatibilidad porque participa en sus empresas a través de una sociedad

El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, no ha incumplido la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos porque aunque posee más del 10% de las acciones en una empresa que contrata con el sector público (la sociedad Muinmo, con seis emisoras de radio), mantiene esa participación a través de una empresa interpuesta (Aurosur). Éste fue el argumento esgrimido ayer en el Congreso por el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, al explicar el informe de la Dirección General de Inspección sobre el cumplimiento de esa ley por parte de Rato.

El artículo 2.2 de la Ley de Incompatibilidades de altos cargos, aprobada el 11 de mayo de 1995 por consenso y en medio de una fortísima presión por las acusaciones de corrupción contra el último Gobierno socialista, dice textualmente: 'Los altos cargos no podrán tener, por sí o junto con su cónyuge e hijos dependientes y personas tuteladas, participaciones superiores a un 10% en empresas que tengan conciertos o contratos, de cualquier naturaleza, con el sector público estatal, autonómico o local'.

Rato ha reconocido, y así consta en el Registro Mercantil, que tiene una participación superior al 10% en Muinmo, una empresa que contrata con el sector público a través de sus sociedades de radio. El matiz lo incorporó el propio Rato el pasado 28 de noviembre, en su respuesta al PSOE en la sesión de control al Gobierno. Entonces dijo que no era el propietario de esa empresa y después, en los pasillos del Congreso, explicó que la tenencia de las acciones no era directa.

El diputado socialista Ángel Martínez Sanjuán citó unas declaraciones de Rato en las que exponía que era propietario de una empresa y que ésta, a su vez, era accionista de Muinmo. El ministro Posada subrayó ayer que el artículo 2.2 'prohíbe literalmente que el alto cargo tenga una participación directa en las empresas que contraten con el sector público'. Y añadió: 'Siempre que el legislador ha querido referirse a las sociedades participadas indirectamente lo ha hecho expresamente, cerrando por ello toda posibilidad de interpretaciones más amplias'. Es decir, como la participación es indirecta, no se incumple la ley. Posada intentó explicarse: 'La mera participación de un alto cargo en una sociedad que, a su vez, participa en otra no tiene por qué influir en la capacidad de actuación de esta segunda, por no contar con el poder de dirección necesario'. De otra forma, Posada pretendió que Rato no cuenta 'con el poder de dirección necesario' en Muinmo, una empresa que obtuvo un crédito de 525 millones de pesetas del HSBC, el único banco que trabajó con Gescartera durante los nueve años de vida de la agencia de valores que ha estafado 15.578 millones de pesetas a 1.383 inversores.

El PSOE consideró 'muy peligrosa' la interpretación del ministro porque 'se está lanzando un mensaje político [para] que cualquier alto cargo pueda crear una sociedad patrimonial propietaria de acciones' de empresas que sí contratan con el sector público, en la seguridad de que 'no le va a resultar incompatible'. CiU sostuvo que la interpretación del Gobierno 'rompe el consenso' con el que se fraguó la ley y reclamó alguna medida para recuperarlo.

El PP y el ministro defendieron que la ley no necesita retoques y matizaron que si se pactara una modificación sólo sería aplicable 'a futuro'. Es decir, Rato seguiría cumpliendo la ley pero, en esa hipótesis de futuro, tendría que vender parte de su participación indirecta en Muinmo.