Universidad republicana

La Universidad española anda hace tiempo en lenguas, mucho antes de la discusión de la LOU y de su aprobación parlamentaria. Curiosamente, nadie ponía ni pone en duda la necesidad de reforma, sino que las diferencias empiezan al considerar en qué puntos y hacia dónde importa reformarla. Preguntas éstas difíciles de responder si, en vez de fijar la mirada en la institución misma, no lo hacemos más bien en la actividad universitaria, a la que esa institución dice sostener. Porque, como muestra una probada tradición filosófica, es la vida humana vita activa, y son las instituciones las que deben plegarse a las actividades sociales, no viceversa.

Siguiendo los consejos de tal tradición, diríamos que toda actividad social se desarrolla por unas metas, de las que cobra su sentido y legitimidad social. Y que importa reflexionar sobre cuáles son las metas de la actividad universitaria, haciendo para ello uso de su historia, que nos ha ido enseñando a modularlas desde su nacimiento en dos modelos ampliamente reconocidos -el medieval y el liberal- y en un tercero, el que, a mi juicio, deberíamos ir gestando y que podría denominarse 'republicano'.

Nació la Universidad -recordemos- en los siglos XII y XIII, en ciudades como Salerno, Bolonia, París o Salamanca, con el objetivo de formar profesionales (médicos, abogados, teólogos) capaces de atender a las necesidades de la época. El nombre universitas se refería a la totalidad, a la corporación de maestros y estudiantes que defendían sus privile-gios con vistas a cultivarse en su profesión y recibir la facultas para ejercerla, previniendo así intrusismos y garantizando calidad. ¿Qué permanece de aquella época para lo que aquí nos importa? Según Durkheim, un valor positivo, la idea de universalidad, al que podríamos añadir otros dos: la formación de profesionales atentos a las necesidades de la época y la búsqueda de la verdad.

Esta última siguió siendo la gran meta de aquella Universidad liberal que nació a comienzos del siglo XIX en Berlín, bajo el impulso de Humboldt. Por universitas se vino a entender entonces el conjunto de los distintos saberes, entre los que existe una unidad innegable. Para acceder a ella era preciso forjarse un carácter universitario, es decir, entrenarse en la búsqueda de la verdad, adquiriendo hábitos de investigación, transmitir el saber a las generaciones más jóvenes y aprender el arte de la discusión abierta y crítica en la comunidad de quienes aspiran a la verdad.

¿Qué nos queda de bueno de la Universidad liberal sino todo, al menos en lo que toca a metas y aspiraciones? ¿Qué mejor puede pretender la actividad universitaria sino desarrollarse en una comunidad de los que buscan la verdad mediante la investigación, la docencia y el diálogo abierto y libre? Sin embargo, tras considerar las metas, conviene acudir a las instituciones por ver si su diseño permite alcanzarlas, tanto en lo que hace a las leyes como a los hábitos y costumbres. Y no parece que esté la institución a la altura de la actividad y sus metas.

Cierto que a partir de los años sesenta del siglo XX se viene produciendo una crisis en el mundo universitario que afecta también a sus fines. La fragmentación de los saberes quiebra la unidad de las ciencias y escinde el mundo universitario en Universidades Literarias y Politécnicas, y, aun dentro de las primeras, en Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales. Decrece la demanda de titulaciones y, sin embargo, aumenta la oferta de las mismas, dejando abierta al final de los estudios la amarga pregunta '¿facultas para qué?'.

La Universidad no es ya el único lugar de creación y transmisión del conocimiento, sino que nacen entidades no universitarias que expiden certificaciones de calidad pareja a las universitarias, empresas que crean sus centros de estudio para preparar a sus trabajadores. Desean acceder a la enseñanza universitaria gentes que no quieren un título para ejercer una profesión, sino estudiar una segunda carrera, o la primera, tras la jubilación laboral. En algunas materias el mercado exige una preparación ligada al sistema productivo y pide al sistema universitario en esos casos que ejerza funciones económicas.

Pero sobre todo, y por desgracia, la Universidad se burocratiza, haciendo imposible cualquier idea de auténtica comunidad libre y abierta de investigación, docencia y deliberación pública. Un corsé de estructuras rígidas, de órganos de gobierno con amplias competencias, departamentos cerrados en torno al número 12, sin posibilidad de 'divorcio académico', consejos, comisiones, produce un despilfarro de recursos humanos que ninguna entidad responsable se permitiría; entre otras razones, porque el burocratismo es el caldo de cultivo de las oligarquías, el amiguismo, los hábitos endogámicos, las mafias y del funcionamiento de esos 'códigos rojos' que no se encuentran positivados en ningún código escrito, pero son los que funcionan. Es el humus de la conspiración y la intriga de los ambiciosos, del fomento del instinto gremial. Todo lo contrario de lo que precisa una comunidad abierta y flexible. Una comunidad -y esto es esencial- que no necesita servir al capital privado, sino al bien público, pero que, precisamente para hacerlo, tiene que ser republicana, o al menos asumir rasgos de un republicanismo como el que, entre otros, diseña Philip Pettit.

Una estructura de libertad interna, entendida como no dominación, no como una estructura burocrática asfixiante; un carácter universitario que consiste en el afán de saber, no en la ambición de poder; leyes que son expresión de la libertad, no armas en manos de un nuevo feudalismo; la virtud cívica de quienes persiguen una misma meta y respaldan con sus hábitos las leyes queridas por ellos; decisiones tomadas a través de la deliberación común, que lleva a determinar lo justo, no negociaciones y pactos de politi-queros, que perjudican a los más débiles, a los que deben contentarse con poco para no perderlo todo; el capital social de unos valores éticos, sin los que triunfan los conspiradores.

Estos rasgos irían generando esa 'mano intangible' que en una Universidad pública legítima transformaría las preferencias particulares en metas comunes. No la mano invisible, presuntamente armonizadora de preferencias en conflicto, sino la intangible de las convicciones comunes, que congrega a los individuos tras un mismo propósito público. Dentro de este marco, algunos rasgos concretos podrían ser los siguientes:

1. La Universidad es una comunidad, una organización ágil, no una estructura burocrática rígida. La estructura de gobierno se reduce al mínimo.

2. Las unidades universitarias básicas son los Grupos de Investigación, libres y flexibles. Se trataría de transformar los matrimonios académicos indisolubles en registros de 'grupos de hecho', de los que ya trabajan realmente juntos. Sin que importe la cantidad de quienes los forman, sino la calidad del trabajo, a diferencia de la actual estructura departamental, cerrada en la arbitraria cantidad de 12 e ignorante de la calidad.

3. Los cargos de gobierno son facilitadores y coordinadores de la tarea de los auténticos protagonistas de la vida académica, profesores y estudiantes, no decididores de lo que debe hacerse.

4. La autonomía responsable es la que lleva a promover la transparencia en la gestión, con mecanismos de control como pueden ser auditorías externas.

5. Si el acceso a los niveles de funcionariado ha de cubrir dos etapas, habilitación y acceso en cada Universidad, tienen que poder ser habilitados cuantos lo merezcan, no un número concreto, lo cual sería una mezcla de habilitación y oposición. Por otra parte, el acceso a las universidades concretas debe garantizar imparcialidad.

6. Existen mecanismos para expresar el pluralismo de opiniones realmente existentes en la comunidad académica, que no es un pluralismo de partidos políticos.

7. Hay una auténtica conexión con la sociedad, más allá de la mediación de los Consejos Sociales.

8. Se reconstruye la unidad del saber desde una interdisciplinaridad practicada, frente a la fragmentación administrativa de saberes. No hay un solo problema social al que pueda hacerse frente desde una sola área del saber.

Desde estas perspectivas, la Universidad pública tiene frente a las privadas la ventaja de que, al no depender de los flujos del capital privado, puede cohesionarse en torno a los valores compartidos del servicio público en plena libertad. Ojalá nuestra Universidad fuera pionera en componer esa comunidad de varones y mujeres libres, al servicio de la res pública. Sería un orgullo cantar entonces ese Alma mater floreat que ahora a muchos, a demasiados, se nos seca en la garganta.

Adela Cortina es catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia.