Venezuela pone precio a su petróleo

La nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, que regula la actividad básica de la economía nacional, el petróleo, ha levantado una enorme polvareda al acentuar la histórica intervención del Estado en el sector, consagrar su poder de decisión en las sociedades mixtas, y aumentar los impuestos a las empresas extranjeras del 16,6% al 30%.

Consultores ganados por el pesimismo aventuran que el sector habrá de entrar en contracción, y la reducción de exportaciones en la próxima década supondrá 50.000 millones de dólares.

Venezuela suministra al mercado de Estados Unidos el 15% de sus importaciones de crudo, 1,5 millones de barriles diarios de un total de 2,6 millones, y dispone de las reservas más cuantiosas de todo el mundo después de los países productores de Oriente Próximo. El petróleo supone el 50% de los ingresos totales del Gobierno, y el 80% del valor de las exportaciones nacionales.

El sector privado dice que la ley generará una caída de la exportación de crudo en la próxima década de 50.000 millones de dólares

'El capital nacional en vez de quejarse e invertir en la banca extranjera, debe invertir aquí para poder hablar', señalan fuentes oficiales

La nueva regulación ha sido promulgada por el presidente Hugo Chávez sin afrontar un debate previo en la Asamblea Nacional

Mal momento

La estratégica Ley de Hidrocarburos fue publicada en momentos en que el valor de los ingresos petroleros en los mercados internacionales cayó un 40% desde el pasado año, y no es previsible, a corto plazo, una evolución al alza. El gasto público de Venezuela había aumentado en un 42% durante el pasado ejercicio 2000, sostenido por los buenos precios, pero, a la espera de las inversiones, y a la baja del barril, el horizonte no es nada halagüeño.

Contrariamente al parecer del Gobierno venezolano, que destaca la integración en su sólo texto de una normativa dispersa desde hace 60 años, y una mayor claridad, los empresarios estiman que la Ley de Hidrocarburos reduce las posibilidades de crecimiento del sector, ya que desalentará la inversión foránea al constreñir su margen de maniobra.

El instrumento legal, que no tiene efectos retroactivos, fue promulgado por el presidente Hugo Chávez, en virtud de una ley sancionada por la Asamblea Nacional que evita el debate parlamentario.

Las actividades primarias, esto es la explotación, extracción, transporte y almacenamiento inicial, sólo podrán ser efectuadas por empresas en las que el Estado tenga el control de las decisiones y una participación accionarial de, al menos, el 51%.

Expulsión

'Esto prácticamente acaba con la participación privada en esta etapa del negocio petrolero en los términos en que se hizo posible gracias al artículo 5 de la Ley de Nacionalización', señala un reciente informe la Federación de Cámaras de Venezuela (Fedecámaras), la principal organización empresarial del país.

De los volúmenes de hidrocarburos extraídos de cualquier yacimiento, el Estado tiene derecho a una participación del 30% como regalía. Si se demuestra que el crudo pesado de la Faja del Orinoco, difícil de refinar, no es económicamente explotable con el 30%, podrá rebajarse hasta el 20%. El gobierno subraya la existencia de mecanismos que compensan el aumento del impuesto.

Mazhar Al Sheridah, miembro de la comisión redactora de la ley, observa en las protestas una carga política derivada de la inquina que despierta en los empresarios venezolanos el presidente Hugo Chávez. 'El capital nacional en vez de quejarse e invertir en la banca extranjera, debe invertir aquí para poder hablar'.

La industria no es sólo exploración y extracción, precisó Mazhar Al Sheridah. 'Es industrializar, refinar, construir una industria petroquímica, y en eso la nueva ley está abierta al 100%'. Venezuela, señaló este redactor de la la polémica ley, es el único país entre los miembros de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) abierto al capital privado, ya que Irán, Irak y Libia no pueden porque están embargados, y Arabía Saudí y los Emiratos Árabes pueden hacerlo pero no quieren.

Fedecámaras remitió un documento al Gobierno informando que Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Noruega, Reino Unido, Kazajtan, Angola, Australia e India no cobran reagalía, o si lo hacen son inferiores al 20%.

Portavoces oficiales respondieron tajantemente que los hidrocarburos no representan tanto para le economía como ocurre en Venezuela. Este país tiene 76.900 millones de barriles en reservas comprobadas, el 7,3% del total mundial. Su consumo llevará 66 años al ritmo actual de extracción y venta de crudo.

El ex presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Humberto Calderón, lo ve de otra manera, y no es optimista respecto a la entrada de nuevos capitales en la faja bituminosa del Orinoco. Aun con una regalía del 16,23%, y un impuesto sobre la renta del 50%, esos proyectos no tienen viabilidad. 'Ni para las empresas internacionales, ni para PDVSA, pues en cualquiera de los casos se va a producir un flujo de caja negativo'. El antiguo marco estableció una regalía mínima del 1% y una máxima del 16,23%.

La Cámara Petrolera de Venezuela pidió una mayor flexibilidad de la ley para que el capital nacional se anime, y actúe como un elemento de equilibrio entre los capitales extranjeros y el Estado. Todavía en curso el pugilato, la ley entrará en vigor el próximo primero de enero.