Un acuerdo de última hora entre Boliden y la Junta evita la quiebra de la firma

Boliden Apirsa, la compañía propietaria de la explotación minera de Aznalcóllar, estuvo a punto ayer de entrar en quiebra. Por la mañana, el juzgado de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) rehusó aplazar la hora tope para levantar la suspensión de pagos (15.00 de ayer), tal y como le había pedido la Junta de Andalucía. Esta postura forzó una negociación in extremis entre la empresa y la Consejería de Empleo sobre quién debía ejecutar y financiar las actuaciones de restauración ambiental a las que obliga la ley cuando se abandona una explotación minera.

Boliden Apirsa está en suspensión de pagos desde principios de año, cuando se declaró incapaz de hacer frente a los más de 17.000 millones de pesetas que adeuda a más de 200 suministradores. El juzgado de Sanlúcar la Mayor fijó la fecha límite de ayer para que la empresa presentara una propuesta para ordenar sus pagos a los acreedores y un acuerdo con los trabajadores que incluyera sus indemnizaciones y evitar así la quiebra. El frente laboral se cerró a las cuatro de la madrugada, pero la propuesta de pago a los acreedores debía dar prioridad al plan de restauración ambiental, que es una exigencia legal. Junta y Boliden habían mantenido una posición opuesta sobre este aspecto, distancia que salvaron ayer bajo la amenaza de quiebra que, entre otras cosas, hubiese rebajado considerablemente las prestaciones que van a recibir los 425 trabajadores de la explotación donde se originó, en 1998, el vertido tóxico sobre el valle del Guadiamar.

La empresa minera había presentado un plan de restauración ambiental y abandono de la mina valorado en 8.269 millones de pesetas. La Consejería de Empleo, que ha encargado una evaluación independiente a un organismo del Ministerio de Fomento, estimó que faltaban al menos 5.000 millones más y rechazó de plano la intención de Boliden de no pagar en efectivo las actuaciones que no llevara a cabo. 'La Junta no aceptará los activos de la empresa como compensación al plan de abandono', dijo hace mes y medio el titular de Empleo, José Antonio Viera, quien advirtió que acudiría 'al derecho internacional' si Boliden Limited no afrontaba los deberes de su filial.

En el acuerdo logrado ayer, sin embargo, la Junta tuvo que admitir el pago con activos; eso sí, el acuerdo también refleja que si no es suficiente, podrá reclamar a la multinacional que haga frente a la financiación de los 'deberes' de la filial: la ley obliga a la Administración a realizar subsidiariamente los trabajos de restauración si la empresa no los hace. El acuerdo también recoge que Empleo adquirirá 130 hectáreas de suelo para destinarlo a un parque industrial, una de las patas de su plan de recuperación de la comarca.

El pacto entre Junta y Boliden permitirá la aplicación del acuerdo laboral, que destinan 2.000 millones a indemnizar a los trabajadores y aplaza un segundo pago similar a 2003. Los sindicatos exigen a la Administraciones que adelanten este pago, pero el pacto entre Junta y Boliden no incluye este extremo.

Las protestas de los trabajadores en estos últimos días suscitaron ayer la presentación de una denuncia ante la Fiscalía por parte de Los Verdes, que aseguran que el paro de los motores de bombeo en la mina 'puso en potencial peligro el almacenaje de residuos tóxicos'.