Boliden exige hoy al Gobierno andaluz un acuerdo para evitar la quiebra

El plazo concedido por el juzgado de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) para que la junta de acreedores de Boliden Apirsa, la empresa propietaria de la mina de Aznalcóllar, llegue a un acuerdo para levantar la suspensión de pagos termina hoy, pero las diferencias entre la compañía minera y la Junta de Andalucía pueden llevar a la juez a decretar la quiebra de la empresa, que adeuda más de 17.000 millones de pesetas a cerca de 200 suministradores.

Boliden Limited (la empresa multinacional de la que es filial Apirsa) y la Junta de Andalucía son los principales acreedores de la compañía minera por lo que un acuerdo entre ambos vincularía al resto de suministradores. Un portavoz de la empresa indicó que han ofrecido a la Junta que adquiera los activos de la explotación para hacer frente al pago de las obras de reurbanización de la zona y cierre de la mina, operación que valoran en 8.269 millones. El Gobierno andaluz cree que esa operación vale más y no quieren los activos como forma de pago. El Ejecutivo autonómico ha solicitado el aplazamiento de la decisión judicial.

De no llegar a un acuerdo con la Junta, Boliden Apirsa da por sentado que la juez instará a la quiebra de la empresa, lo que dejará sin efecto las negociaciones laborales con los 425 trabajadores de la explotación.