De aquellos pactos, estas mociones

La reciente moción de censura de Estepona ha desatado todo tipo de opiniones, comentarios y especulaciones sobre sus protagonistas, su trasfondo y su legitimidad. Entre sus valedores, Joaquín Ramírez, a la sazón presidente del Partido Popular malagueño, intentaba justificar la maniobra en un artículo publicado en este diario el pasado 18 de noviembre en el que venía a explicar que no era lo que parecía, es decir, que no se trataba de un caso de transfuguismo, tras el paso purificador por el Grupo Mixto de los concejales ex gilistas firmantes de la moción, y que, en todo caso, concurría la eximente de estado de necesidad motivado por el desgobierno y la mala gestión de los socialistas. En su afán exculpador, llega a escribir que las siglas con las que concurrieron a las urnas los concejales del Grupo Mixto firmantes de la moción de censura'se disolvieron con la marcha de Jesús Gil Marín y José Ignacio Crespo'.

Partamos de la base de que el origen de todas estas convulsiones políticas que viene padeciendo Estepona -cuatro alcaldes en poco más de dos años- está en el pacto inmoral e ilegítimo auspiciado por el PP, PSOE, IU y PA, haciendo burla del principio de soberanía popular al impedir el acceso al gobierno municipal del partido más votado en los últimos comicios locales, merced a una insólita coalición a cuatro bandas. El comportamiento de los concejales populares, suscribiendo ahora la moción de censura en unión de aquellos a quienes entonces vetaron, no es sino un reconocimiento explícito de que aquel pacto fue una farsa política urdida para frenar la expansión de un legítimo competidor, lo que, dicho sea de paso, ya había intentado sin ningún éxito el señor Ramírez a finales del 98 en el transcurso de una cena celebrada en Mijas, de la que este diario daba cuenta recientemente, y donde quedó claro que el Partido Popular no quería ni ver al GIL en lo que consideraba su territorio, aunque no parecía importarle la presentación de candidaturas gilistas en municipios, como el mijeño, gobernado por los socialistas. La falta de contrapartidas populares en los municipios gobernados por nosotros frustró definitivamente las conversaciones.

Sentado lo anterior, conviene advertir que la moción de censura es un mecanismo, aunque legal, altamente traumático, que es preciso manejar con extrema sensibilidad, recurriendo a él sólo en situaciones de suma gravedad. Si los concejales populares no estaban de acuerdo con la gestión que compartían, habría sido más honorable y democrático que se hubiesen pasado con armas y bagajes a la oposición, dejando en minoría al equipo de gobierno, que se habría visto obligado, en una complicada pirueta, a buscar nuevos apoyos, o a plantear el alcalde al Pleno cuestión de confianza. No hay que olvidar que al alcalde censurado, Antonio Barrientos, le habría bastado un simple decreto para desalojar de sus delegaciones a los concejales populares, sin embargo, no lo hizo, como tampoco utilizó para frenar la moción de censura el dictamen de un doctor en Derecho y profesor de la Universidad de Granada en que se declaraba nula de pleno derecho por defecto de forma la convocatoria del Pleno donde había de substanciarse, y cuyo contenido conozco y suscribo íntegramente, y que, sin duda, habría bastado para frenar la democrática revuelta.

Que era posible observar otra conducta en este enojoso asunto lo acredita la actitud tan elogiable y elogiada de los concejales Marta Solís y Juan Manuel Rodríguez, que declinaron reiteradas invitaciones para sumarse a la moción de censura -honra sin barcos antes que barcos sin honra- dando un ejemplo de coherencia política tan encomiable como insólita, dado que, subyaciendo en toda moción de esta naturaleza un trasfondo económico, las pírricas retribuciones de los 'concejales sin cartera' fomentan este tipo de movimientos, mientras el legislador no reconozca el fundamental papel de la oposición por la vía de aprobar, de acuerdo con la capacidad económica de cada ayuntamiento, un sistema automático de retribuciones, al socaire de la eventual generosidad del alcalde de turno. Mientras esto no suceda, mueve a risa el nuevo pacto antitransfuguismo con el estudio previo de la moción de censura, incomprensiblemente pergeñado pocos días después de lo de Estepona, incluso el anuncio del secretario de Política municipal del PSOE, Álvaro Cuesta, sobre la proposición de ley para la elección directa de alcaldes, en evitación de que llegue a gobernar una lista que no sea la más votada. ¿Dónde estaba don Álvaro el 13-J?

José Ignacio Crespo de Lucas es abogado en ejercicio. Ex primer teniente de alcalde de Estepona y ex coordinador general del GIL.