Sangre y caoba

El brasileño Paulo Adario, de 52 años, coordinador de Greenpeace para la campaña Amazonas, sabe que el color de la caoba es primo hermano del de la sangre. El pasado 2 de octubre en la sede de Greenpeace en Manaos se recibió el telefonazo seco de una voz femenina: 'Adario merece morir, y va a morir'. Adario no lo echa a humo de pajas, pero no desdeña el humor: 'Intentamos que el Gobierno vea que algo así no es bueno para el país; para mí, desde luego, es pésimo'.

Muchos de los crímenes que ensangrientan la Amazonia nacen del comercio ilegal de maderas como la caoba. En agosto asesinaron, ante su mujer e hijos, a Ademir Alfeu Federicci, Dema, coordinador del Movimiento por el Desarrollo de la Transamazonia y la región Xingú. 'Antes hubo varios asesinatos así', dice Adario, 'disfrazados de robos pandilleros. Hay un retorno a la violencia en la Amazonia'.

Paulo Adario: 'El 80% de la madera que sale de Brasil es ilegal, y empresas y Gobiernos lo saben'

Adario visita España para hablar con empresas que importan madera brasileña. 'Todas las empresas y los Gobiernos saben que el 80% de la madera exportada de Brasil es ilegal y que conlleva sangre y explotación, pero se escudan en permisos aparentemente legales', señala Adario. 'El truco está en que las taladoras dan a menudo cifras hinchadas de la madera que tienen en sus zonas legales, pero luego venden también de las ilegales, que incluso cuentan con carreteras clandestinas'.

España exporta madera que previamente ha importado, por ejemplo de Brasil. El máximo importador de caoba brasileña es EE UU, seguido por la UE. 'Pedimos a las empresas españolas que asuman sus responsabilidades y exijan certificados a sus exportadores de que la madera procede de un proceso limpio', dice Adario, que se ha entrevistado con la Asociación Española de Importadores de Madera, con Madereras del Noroeste y con representantes del Ministerio de Medio Ambiente. Tras las reuniones, fuentes de Greenpeace constataron a este periódico la actitud 'receptiva' de las empresas, y 'la poca sintonía' con la Administración para ligar la defensa de la biodiversidad española con la de un 'comercio limpio'.

Una propuesta de Greenpeace está a la espera de ser firmada en Brasil como acuerdo entre la industria y la Fiscalía General, organismo independiente. 'Sabemos que un metro cúbico de madera legal cuesta a las empresas más de 10.000 pesetas, y la ilegal sólo 800', expone Adario. 'Por eso queremos un impuesto que permita constituir un fondo para ayudar a las empresas a pasar felizmente del comercio ilegal al legal. Reclamamos que la autorización de transporte no se dé, como ahora, en el puerto de salida, sino en el lugar de producción, y que se comunique al Fiscal General, de modo que haya control'.

El papel del Gobierno brasileño es crucial, pero para Adario 'le falta estrategia y le sobra dispersión ministerial. Medio Ambiente, por desgracia, es débil. El Gobierno sufre una paranoia sobre la Amazonia, cree en una conspiración universal para arrebatarle territorio, y el Ejército también lo cree. Con los militares se da una paradoja: piensan que Greenpeace está en esa conspiración, pero por otra parte van viendo que nuestros intereses de conservación de la Amazonia coinciden con los suyos'.

Mientras, el peligro se cierne sobre gente como Adario. Pero, aunque no haya pruebas de quién atiza la amenaza mortal, en Greenpeace creen que hay conexiones por investigar: la revista brasileña Época publicó recientemente que un pistolero denunció como factótum en la Amazonia a Jader Barbalho, que tuvo que dimitir como presidente del Senado tras un escándalo de malversación del Banco de Pará. Y en ese Estado amazónico, las pesquisas de Greenpeace sobre talas ilegales topan siempre con la mención de dos grandes propietarios, Osmar Ferreira y Moisés Pereira, este último considerado hombre de Barbalho. 'Todo el mundo sabe que son los dueños, pero tienen testaferros', remacha Adario.