La lista negra, bajo secreto

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (Facua) realiza cada Navidad una campaña dirigida a los compradores de juguetes para recomendarles que eviten aquéllos que pudieran tener connotaciones sexistas o bélicas. Pero desde Facua se critica especialmente el escaso control que ejercen las administraciones sobre la publicidad de estos productos.

Según la Ley General de la Publicidad, la comunidad autónoma en la que se ubica la sede social del anunciante es la que tiene competencias para sancionar. En el caso de la Junta, esta potestad debería ejercerla la Dirección General de Consumo. Si la empresa no es andaluza, la Junta puede sancionar a la cadena de radio o televisión autonómicas que emita los anuncios.

El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, subraya también la importancia de controlar el cumplimiento de las normas de seguridad de los juguetes, que se rigen por una norma europea. La marca CE garantiza que se compran juguetes controlados para que cumplan determinadas condiciones de fabricación y etiquetado.

Entre estas normas destaca la prohibición de usar materiales que contengan sustancias inflamables o tóxicas; los juguetes eléctricos deben estar aislados y no pueden superar los 24 voltios; y el uso de PVC es restringido porque daña el medio ambiente y puede ser perjudicial para la salud.

Rubén Sánchez, subraya que existe una Red de Alerta Comunitaria que abarca a más de 800 juguetes que pueden entrañar riesgos para los menores. Las administraciones están obligadas a garantizar la retirada del mercado de estos juguetes, pero 'la Junta no cuenta con medios necesarios' para hacerlo. 'Desde hace años exigimos que haya más inspectores de Salud y Consumo', subraya Sánchez, 'porque con los que hay no se puede asegurar que se inspeccionen todas las tiendas'.

Sánchez, además, considera un error que la lista de juguetes bajo sospecha no se haga pública. 'La información no llega a los ciudadanos a pesar de que el producto se puede encontrar en cualquier tienda', dice Sánchez. La justificación que les da la Junta es que su difusión crearía 'alarma social'