Monteseirín frena la adjudicación a Grupisa por la investigación en Tráfico

Tras más de un mes de demoras injustificadas, la portavoz municipal socialista, Evangelina Naranjo, reconoció ayer que la adjudicación de los servicios de señalización de Tráfico se ha paralizado hasta que se esclarezca la responsabilidad de la empresa Grupisa, que es una de las adjudicatarias, en las supuestas irregularidades cometidas por dos funcionarios de Tráfico.

Desde el gobierno municipal se aseguró hace un mes que la empresa había ganado el nuevo concurso de adjudicación y que no tenía por qué verse perjudicada por la investigación, ya que ha cambiado de dueños y sus responsables durante el periodo en el que se cometieron las supuestas irregularidades, entre 1996 y 1999, no ocupan ya cargos directivos en la compañía. No obstante, la adjudicación no podía ser efectiva hasta que no pasara por la comisión de contratación y la comisión informativa de Hacienda, un trámite que los responsables de Tráfico vienen diciendo, desde hace casi un mes, que es inminente.

Sin embargo, tras la segunda reunión de la comisión creada para investigar las supuestas irregularidades, Naranjo reconoció ayer que 'la adjudicación está retirada'. Fuentes de la delegación de Tráfico confirmaron después esta decisión que, según señalaron, responde a una estrategia política auspiciada por el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín. La intención es 'no contribuir a la avalancha de rumores y comentarios' que se suscitan cada vez que se habla de la posibilidad de adjudicar de nuevo los servicios a Grupisa, si bien, desde Tráfico se insiste en que jurídicamente no hay impedimiento para adjudicar los servicios a esta empresa.

Por otra parte, la comisión de investigación empezó a analizar ayer los 153 folios del expediente abierto sobre las supuestas irregularidades en Tráfico, una documentación que el alcalde decidió remitir también a la Fiscalía después de que el juez instructor apreciase indicios de cohecho.

Los representantes en la comisión de los cuatro grupos municipales acordaron también ayer que, mientras el Ministerio Fiscal decide si existe o no delito, la investigación política se centrará en dirimir si las supuestas irregularidades 'han podido ser propiciadas por la propia estructura del ayuntamiento y de la delegación de Tráfico', según subrayó ayer Naranjo, que actúa como presidenta del órgano.

Asimismo, cada grupo municipal presentó ayer una lista con el nombre de las personas que quieren que comparezcan en la comisión. En la reunión del próximo lunes cada partido justificará su lista y se consensuará una relación definitiva, que abarcará tanto a responsables políticos como a técnicos y funcionarios. Por el momento, entre los cuatro grupos ya han solicitado la comparecencia de más de una veintena de personas, que empazarían a declarar a partir de enero en orden cronológico, desde 1997 hasta ahora.

La comisión solicitó, además, que al expediente administrativo se le anexionen otros documentos como los expedientes de adjudicación y seguimiento de los servicios de señalización desde 1996 o el expediente supuestamente abierto en Tráfico el pasado 15 de mayo que desmostraría que el delegado del ramo, Blas Ballesteros, tenía conocimiento de las irregularidades desde esa fecha y no desde julio como señaló en un principio. IU exigió también que se les facilitase el expediente que se incoó en la delegación de Economía ese mismo día, cuando supuestamente Ballesteros se dirigió al entonces concejal de Economía, Emilio Carrillo, para que interviniera en el asunto.