Recaudar más sin subir impuestos

Los datos de la Intervención General de la Administración del Estado, en su avance de la actuación económica y financiera de 2000, muestran que la presión fiscal -lo que las administraciones públicas recaudan en proporción a la renta total generada- en España se ha situado en el 35,5% del PIB en 2000, siete puntos por debajo de la media de la Unión Europea. La presión fiscal, por tanto, se ha incrementado en los últimos cinco años en algo más de dos puntos porcentuales de PIB, pero, como seguidamente expondré, es un error identificar una subida de la presión fiscal con un aumento de los impuestos globales que paga cada contribuyente.

La economía española ha experimentado desde el año 1995 un espectacular dinamismo económico, sólo comparable a los periodos de fuerte crecimiento del desarrollismo de los años sesenta y de la segunda mitad de los años ochenta. La economía creció en el año 2000 el 4,1% en términos reales, con lo que alcanza por cuarto año consecutivo un ritmo de avance del 4% o superior.

'Se ha reducido la fiscalidad del IRPF y el IVA se ha mantenido sin cambios'

'Descentralizar el gasto tiene que ir acompañado de un proceso paralelo para los tributos'

El actual modelo de crecimiento, a diferencia del que tuvo lugar entre los años 1985 y 1991, ha permitido un intenso proceso de creación de empleo neto -el mayor de la UE- y es, además, sostenible, lo que quiere decir que no ha generado desequilibrios relevantes a nivel interno -inflación- o externo -balanza comercial y balanza por cuenta corriente- que ahoguen la actividad económica.

El ejercicio de consolidación presupuestaria ha sido, sin duda alguna, la fuerza motriz del proceso de crecimiento sostenido. La reducción progresiva del déficit público -en términos de Contabilidad Nacional- desde niveles del 6,6% del PIB al inicio del periodo hasta los niveles actuales que se aproximan al equilibrio presupuestario ha catalizado un proceso de generación de confianza en los mercados que ha cristalizado en la práctica eliminación de nuestra prima de riesgo-país. Ésta era la única vía posible de reducción de los tipos de interés en el actual marco de plena integración de los mercados financieros, compatible con la deseada estabilidad cambiaria.

Unos tipos más reducidos y una mayor confianza explican el resto: fuerte dinamismo de la demanda de consumo y de inversión, intenso proceso de creación de empleo y, por acción de los estabilizadores automáticos del presupuesto, significativos aumentos de la recaudación en los impuestos directos e indirectos y caída de las transferencias por subsidio de desempleo.

En efecto, la formidable creación de empleo durante los últimos años, las mejoras salariales y los positivos resultados de los beneficios empresariales han impulsado una mayor recaudación tributaria.

En 1996, la Seguridad Social contaba con 13,3 millones de afiliados, que se han incrementado hasta los casi 16 millones al finalizar el mes de noviembre del presente año. Esto tiene su reflejo en una fuerte inyección de recaudación por tres vías principalmente: por la base mucho mayor de cotizantes y contribuyentes; por el consumo que generan esos contribuyentes, que además disponen de mayor renta disponible para el gasto por sus incrementos salariales, y por la rebaja fiscal practicada en 1999, y también se contabilizan mayores ingresos por las alzas de los beneficios empresariales.

¿Qué grandes figuras tributarías se han incrementado en este periodo? ¿El IRPF?, ¿El IVA?, ¿El impuesto de sociedades?, ¿Los impuestos especiales? En este periodo no sólo se redujo la fiscalidad del impuesto sobre la renta de las personas físicas, sino que el IVA, en general, se mantuvo sin cambios, y se congelaron varios años los impuestos especiales. En definitiva, no se subieron los impuestos, pero éramos muchos más contribuyentes, que además disponíamos de mayores rentas, y que impulsamos la demanda interna, y por ende, las importaciones. El resultado es que pagamos menos, pero se recauda más.

El equilibrio presupuestario ha sido y seguirá siendo el objetivo principal de la política económica del Gobierno. La recientemente aprobada Ley de Estabilidad Presupuestaria no hace sino proteger el cumplimiento de este principio. Es decir, vamos a mantener las condiciones para prolongar el proceso de convergencia real, en niveles de renta y empleo, con los países más desarrollados de la UE. Este objetivo no tiene que ser necesariamente incompatible con la posibilidad de reducciones calculadas de los impuestos (léase la reforma del IRPF en el año 1999, o los incentivos y bonificaciones fiscales que se contemplan en la futura Ley de Presupuestos Generales de Estado para 2002), pero debe quedar claro que nunca debe ponerse en riesgo el equilibrio del Presupuesto. Primero se modera el crecimiento de los gastos y, sólo luego, se reducen los impuestos.

A estos efectos, aunque existen países comunitarios (Irlanda y Finlandia) que han experimentado crecimientos superiores a los de España, al tiempo que reducían sus niveles de presión fiscal, su comparación con el caso español no resulta aceptable por cuestiones de fondo y forma. En particular, estos países lograron convertir sus déficit en superávit públicos en los años 1997 y 1998, y sólo a partir de entonces procedieron a la reducción de sus impuestos. Otro dato a considerar es que en 1996 nuestro déficit público triplicaba al irlandés.

Por último, me gustaría realizar una reflexión adicional sobre el reparto de responsabilidades en lo concerniente a la actividad financiera entre los tres niveles de la Administración. El Gobierno ha comprendido que la descentralización del gasto público tiene que venir acompañada necesariamente de un proceso paralelo para los tributos. Transferir competencias sin hacer lo propio con la necesidad de generar ingresos puede derivar en la irresponsabilidad en el ejercicio del gasto de los recursos públicos, de unos administradores que no soporten ni el escrutinio de los contribuyentes ni el coste político de ser recaudador de impuestos.

La cesión a las comunidades autónomas de régimen común del 15% de la tarifa del IRPF a partir del año 1997, derivada de la reforma de su modelo de financiación para el periodo 1997-2001, y sobre todo, el nuevo acuerdo de financiación a las comunidades autónomas de régimen común, son buenos ejemplos de la preocupación del Gobierno por introducir mayores dosis de corresponsabilidad fiscal.

La opinión pública debe valorar los datos de la IGAE sobre la distribución institucional de la presión fiscal. Es en las comunidades autónomas donde se ha producido un mayor avance de este indicador -con un incremento de 1,18 puntos porcentuales de PIB- en los cinco últimos años, como consecuencia de la cesión antes rnencionada, y en el futuro este reparto se verá mucho más acentuado.Los datos de la Intervención General de la Administración del Estado, en su avance de la actuación económica y financiera de 2000, muestran que la presión fiscal -lo que las administraciones públicas recaudan en proporción a la renta total generada- en España se ha situado en el 35,5% del PIB en 2000, siete puntos por debajo de la media de la Unión Europea. La presión fiscal, por tanto, se ha incrementado en los últimos cinco años en algo más de dos puntos porcentuales de PIB, pero, como seguidamente expondré, es un error identificar una subida de la presión fiscal con un aumento de los impuestos globales que paga cada contribuyente.

La economía española ha experimentado desde el año 1995 un espectacular dinamismo económico, sólo comparable a los periodos de fuerte crecimiento del desarrollismo de los años sesenta y de la segunda mitad de los años ochenta. La economía creció en el año 2000 el 4,1% en términos reales, con lo que alcanza por cuarto año consecutivo un ritmo de avance del 4% o superior.

El actual modelo de crecimiento, a diferencia del que tuvo lugar entre los años 1985 y 1991, ha permitido un intenso proceso de creación de empleo neto -el mayor de la UE- y es, además, sostenible, lo que quiere decir que no ha generado desequilibrios relevantes a nivel interno -inflación- o externo -balanza comercial y balanza por cuenta corriente- que ahoguen la actividad económica.

El ejercicio de consolidación presupuestaria ha sido, sin duda alguna, la fuerza motriz del proceso de crecimiento sostenido. La reducción progresiva del déficit público -en términos de Contabilidad Nacional- desde niveles del 6,6% del PIB al inicio del periodo hasta los niveles actuales que se aproximan al equilibrio presupuestario ha catalizado un proceso de generación de confianza en los mercados que ha cristalizado en la práctica eliminación de nuestra prima de riesgo-país. Ésta era la única vía posible de reducción de los tipos de interés en el actual marco de plena integración de los mercados financieros, compatible con la deseada estabilidad cambiaria.

Unos tipos más reducidos y una mayor confianza explican el resto: fuerte dinamismo de la demanda de consumo y de inversión, intenso proceso de creación de empleo y, por acción de los estabilizadores automáticos del presupuesto, significativos aumentos de la recaudación en los impuestos directos e indirectos y caída de las transferencias por subsidio de desempleo.

En efecto, la formidable creación de empleo durante los últimos años, las mejoras salariales y los positivos resultados de los beneficios empresariales han impulsado una mayor recaudación tributaria.

En 1996, la Seguridad Social contaba con 13,3 millones de afiliados, que se han incrementado hasta los casi 16 millones al finalizar el mes de noviembre del presente año. Esto tiene su reflejo en una fuerte inyección de recaudación por tres vías principalmente: por la base mucho mayor de cotizantes y contribuyentes; por el consumo que generan esos contribuyentes, que además disponen de mayor renta disponible para el gasto por sus incrementos salariales, y por la rebaja fiscal practicada en 1999, y también se contabilizan mayores ingresos por las alzas de los beneficios empresariales.

¿Qué grandes figuras tributarías se han incrementado en este periodo? ¿El IRPF?, ¿El IVA?, ¿El impuesto de sociedades?, ¿Los impuestos especiales? En este periodo no sólo se redujo la fiscalidad del impuesto sobre la renta de las personas físicas, sino que el IVA, en general, se mantuvo sin cambios, y se congelaron varios años los impuestos especiales. En definitiva, no se subieron los impuestos, pero éramos muchos más contribuyentes, que además disponíamos de mayores rentas, y que impulsamos la demanda interna, y por ende, las importaciones. El resultado es que pagamos menos, pero se recauda más.

El equilibrio presupuestario ha sido y seguirá siendo el objetivo principal de la política económica del Gobierno. La recientemente aprobada Ley de Estabilidad Presupuestaria no hace sino proteger el cumplimiento de este principio. Es decir, vamos a mantener las condiciones para prolongar el proceso de convergencia real, en niveles de renta y empleo, con los países más desarrollados de la UE. Este objetivo no tiene que ser necesariamente incompatible con la posibilidad de reducciones calculadas de los impuestos (léase la reforma del IRPF en el año 1999, o los incentivos y bonificaciones fiscales que se contemplan en la futura Ley de Presupuestos Generales de Estado para 2002), pero debe quedar claro que nunca debe ponerse en riesgo el equilibrio del Presupuesto. Primero se modera el crecimiento de los gastos y, sólo luego, se reducen los impuestos.

A estos efectos, aunque existen países comunitarios (Irlanda y Finlandia) que han experimentado crecimientos superiores a los de España, al tiempo que reducían sus niveles de presión fiscal, su comparación con el caso español no resulta aceptable por cuestiones de fondo y forma. En particular, estos países lograron convertir sus déficit en superávit públicos en los años 1997 y 1998, y sólo a partir de entonces procedieron a la reducción de sus impuestos. Otro dato a considerar es que en 1996 nuestro déficit público triplicaba al irlandés.

Por último, me gustaría realizar una reflexión adicional sobre el reparto de responsabilidades en lo concerniente a la actividad financiera entre los tres niveles de la Administración. El Gobierno ha comprendido que la descentralización del gasto público tiene que venir acompañada necesariamente de un proceso paralelo para los tributos. Transferir competencias sin hacer lo propio con la necesidad de generar ingresos puede derivar en la irresponsabilidad en el ejercicio del gasto de los recursos públicos, de unos administradores que no soporten ni el escrutinio de los contribuyentes ni el coste político de ser recaudador de impuestos.

La cesión a las comunidades autónomas de régimen común del 15% de la tarifa del IRPF a partir del año 1997, derivada de la reforma de su modelo de financiación para el periodo 1997-2001, y sobre todo, el nuevo acuerdo de financiación a las comunidades autónomas de régimen común, son buenos ejemplos de la preocupación del Gobierno por introducir mayores dosis de corresponsabilidad fiscal.

La opinión pública debe valorar los datos de la IGAE sobre la distribución institucional de la presión fiscal. Es en las comunidades autónomas donde se ha producido un mayor avance de este indicador -con un incremento de 1,18 puntos porcentuales de PIB- en los cinco últimos años, como consecuencia de la cesión antes rnencionada, y en el futuro este reparto se verá mucho más acentuado.

Elvira Rodríguez Herrer es secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos.