De patitas en la calle

'Es mejor ser rico y sano que pobre y enfermo'. Eso dice una frase que Antonio Díaz García, de 67 años, tenía colgada en lo que ha sido su vivienda desde 1973. Lo de vivienda es por decir algo, porque los apenas 30 metros cuadrados que le han cobijado este tiempo presentan un estado de suciedad y abandono más propio de una chabola del antiguo Somorrostro que de un piso de la calle de Londres de Barcelona. A finales de noviembre una comisión judicial acudió a su casa para dar cumplimiento a una orden de desahucio, una medida que toman los jueces con más frecuencia de la que se puede pensar.

El año pasado, por ejemplo, los juzgados de Barcelona ordenaron 3.745 órdenes de lanzamiento, que es como se llama al desahucio en la jerga judicial. Se trata de que el inmueble en cuestión -sea piso, local, almacén o nave industrial- quede 'libre, bajo y expedito'. O sea, desocupado, accesible y con las llaves entregadas a su propietario. Y ese proceso es a veces complicado, casi tanto como algunas situaciones personales con las que se encuentran los dos funcionarios del juzgado a los que le toca desahuciar. Y hay quien no lo puede aguantar y pide que se les encargue otro trabajo en el juzgado para no tener que presenciar cómo se quedan sin techo algunas familias, según explica José Luis Torres, secretario del Servicio de Actas de Comunicación (SAC) Civil de Barcelona. 'Nosotros somos el último eslabón de la cadena, porque antes ha habido juicios y recursos, pero cuando la sentencia es firme hay que cumplirla y eso no le gusta a nadie', asegura.

La mayor parte es pobre, aunque también hay algún rico venido a menos por un divorcio

Cuando la sentencia es firme, el inquilino tiene 30 días de plazo para desalojar la vivienda

No existe una estadística sobre la causa que motiva los desahucios, pero Torres explica que la falta de pago está detrás de la inmensa mayoría de las situaciones. Y también son legión las situaciones de pobreza de los afectados, pero hay quien le echa imaginación para trampear como puede, especialmente si son inmigrantes. En el distrito de Ciutat Vella, por ejemplo, hay una bolsa de decenas de personas que son desahuciadas de un piso por la mañana y cuando anochece ya están en otro.

Tampoco faltan los casos de ancianos que no pueden afrontar el alquiler y a los que se pone de patitas en la calle. Nadie duda de que la decisión judicial es legal, pero resulta a todas luces injusta. En esas situaciones, los dos funcionarios que hacen las funciones por delegación de juez y secretario judicial, suspenden el desahucio y avisan a los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona, que asumen el coste del alquiler durante un tiempo y se alarga el día de tenerse que quedar sin techo. Si, además, el anciano está enfermo, se avisa a un forense para que lo visite. Son casos extremos, pero existen, y son los que más impresionan a los funcionarios.

Otras excepciones son menos dramáticas. Por ejemplo, los engaños entre socios de una misma empresa. Cuando llega el juicio o la orden de desahucio se descubre que el supuesto dinero de la empresa que se dedicaba a pagar el local ha ido a parar al bolsillo de uno de los socios. Los funcionarios explican también el caso de algún nuevo rico venido a menos por culpa de un divorcio. Al fallar el matrimonio, casi todo se les va al garete, porque no pueden afrontar el pago de la pensión a la ex, la hipoteca del piso y el préstamo de la empresa. Y el final es el mismo, porque si no se paga la hipoteca, tarde o temprano llega el día del desahucio.

Cuando la sentencia es firme, se da un plazo de 30 días al inquilino para que abandone la vivienda -15 si es local- y la desocupe. Si no lo hace, lo que queda dentro se considerarán objetos abandonados. En más del 90% de los casos, cuando llega la comisión judicial, el piso o local ya está deshabitado, pero eso no quiere decir que el propietario pueda ocuparlo. Primero hay que comprobar si está vacío. Si no es así, el propietario debe contratar un servicio de transporte. Los muebles, o lo que quede de ellos, acaban en un almacén de una asociación instalado en la Zona Franca y que está concertada con el Ayuntamiento desde principios de este año porque una ordenanza municipal de 1999 prohíbe que en la calle queden abandonados muebles, sustancias peligrosas y otros enseres.

Si al cabo de un mes nadie los reclama, el almacén los recicla o los vende con fines solidarios. En los últimos dos años no ha habido ningún problema, excepto en una ocasión en que un inquilino reclamó que había desaparecido del almacén un cuadro de valor. Después de acudir al juzgado y marear a los funcionarios admitió que era un bulo.

Si el inquilino no ha entregado las llaves, es el propietario el que tiene que acudir con un cerrajero. Eso en el mejor de los casos, porque dentro del local pueden quedar muebles menos fáciles de desalojar. El mismo día que desalojaron a Antonio Díaz de su cuchitril de la calle de Londres la comisión judicial se encontró con otra situación más complicada. Después de tres años de pleito, el propietario de un local acudió a la calle de Prats de Motlló a la hora indicada por el juzgado. Cambiar la cerradura fue cuestión de segundos, pero la sorpresa vino al comprobar que el antiguo inquilino había dejado una caja fuerte en lo que había sido una joyería. 'Pesa más de 500 kilos y yo la abro con unas brocas especiales, pero necesito unas horas', explicaba el cerrajero. Total, que el desahucio no pudo concretarse, porque la ley obliga a tomar todas las prevenciones y la caja fuerte debe abrirse en presencia de los funcionarios, no vaya a ocurrir, aunque es impensable, que tenga algo de valor. Algo parecido ocurrió hace unos meses en otro desahucio, cuando unos inquilinos se olvidaron 30.000 pesetas en el cajón de un mueble.

Lo habitual es que todo lo que quede en el piso sirva para poco más que la chatarra porque la situación de pobreza de los afectados no les permiten más alegrías. Antonio Díaz, por ejemplo, sólo quiso que se conservara la máquina de coser 'porque soy uno de los mejores sastres-modistos de Barcelona', afirma.

Otras veces, muy pocas, los funcionarios han de realizar un desalojado por la fuerza, en casas habitadas por okupas. Entonces se avisa a la policía, pero eso es otra historia.