Definición europea

Al alcanzar una definición común sobre el terrorismo, los Quince han dado un paso de gigante para convertir a la UE en un espacio de justicia y seguridad. La medida, sin embargo, hubiera logrado una mayor notoriedad y efectividad si la Italia de Berlusconi, por motivos sospechosamente ligados a los problemas con la justicia del primer ministro y algunos de sus colaboradores, no se hubiera opuesto tajantemente a la aprobación de la orden europea de busca y captura. Es de esperar que Berlusconi recapacite antes de encontrarse el viernes próximo con sus homólogos en el Consejo Europeo de Laeken (Bélgica).

La definición del terrorismo viene a suplir un vacío. Nueve de los Quince no la contemplan en sus legislaciones nacionales. Incluso sin euroorden, esta definición legal puede convertirse en un potente instrumento a la hora de perseguir judicialmente a este tipo de delincuentes. Los Quince han optado por una definición muy amplia, que contempla atentados, secuestros y destrucciones masivas con el objetivo de 'intimidar gravemente a una población', a un gobierno o 'desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamenrales, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional'. También recoge el concepto de crímenes vinculados a 'actividades terroristas', y define lo que constituye un 'grupo terrorista', además de fijar penas mínimas para condenas por este tipo de actos. España logra así uno de los objetivos que viene persiguiendo desde 1995 al menos. La decisión se ha acelerado bajo la presión de los atentados del 11 de septiembre contra Washington y Nueva York.

Sin duda, el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, tras firmar con la UE un acuerdo de intercambio de información sobre terrorismo y otros crímenes, habrá regresado a su país con una justificada mala imagen de estos europeos, no sólo por las reticencias o incapacidad de muchos de ellos para enviar tropas a Afganistán. Lo más lamentable es que la tentativa de Berlusconi de proteger sus intereses particulares haya impedido el acuerdo sobre la euroorden. Los otros 14 habían definido este instrumento, que obligaría a un país a entregar a un delincuente al Estado donde fuera acusado en cuestión de semanas, lo que incluso se habría podido aplicar al caso Pinochet cuando fue detenido en Londres a instancias del juez Garzón. El acuerdo pactado cubre 32 delitos. Pero Italia, a pesar de que no entraría en vigor hasta 2004 y sin carácter retroactivo, se empeñó en limitarlo a delitos de crimen organizado, terrorismo, explotación sexual de menores y pornografía infantil, tráfico ilícito de estupefacientes o armas y trata de seres humanos. Dejaba así fuera, entre otros, todos los de naturaleza económica. Aceptar las exigencias italianas hubiera desvirtuado la euroorden, cuando la lucha contra el crimen organizado de todo tipo tiene necesariamente una dimensión económica, financiera y fiscal. La euroorden es una medida central para crear ese espacio europeo de justicia y seguridad, complemento necesario a la de la libertad de circulación, con el fin de evitar que los criminales se aprovechen de la desaparicición de los controles en las evanescentes fronteras internas en la UE.

La cerrazón italiana ha causado tal malestar, que el resto de países se están planteando la posibilidad de adoptar entre ellos la medida por medio del sistema conocido como cooperación reforzada. Italia ha de ser consciente de que una euroorden a catorce podría convertir a ese país en refugio de criminales de diversa calaña. Sin embargo, mientras no entre en vigor el Tratado de Niza (rechazado en referéndum por Irlanda), Italia siempre tendrá la posibilidad de bloquear tal paso, aunque para ello tendría que esgrimir 'motivos importantes y explícitos de política nacional'. ¿Llegaría a tal extremo el blindaje de Berlusconi?

Los ministros de Justicia e Interior aprobaron ayer una lista secreta de organizaciones terroristas con fines operativos para las policías, y los de Exteriores adoptarán otra lista -política y pública- el lunes. Batasuna no estará en ella. El Gobierno de Aznar ya había dado marcha atrás respecto a anteriores intenciones. Las dificultades que planteaban otros países, reconocidas por el ministro del Interior, Mariano Rajoy, imposibilitaban que la UE declarase terrorista a una organización que es legal en un Estado miembro, mientras los tribunales no sentencien lo contrario. Quizás la nueva definición europea de terrorismo facilite la labor. En todo caso, estos nuevos instrumentos, más el renovado vigor demostrado por Francia en la persecución de etarras refuerzan la lucha contra ETA. Ha quedado claro que el terrorismo constituye una agresión a Europa.