El fiscal pide 2,5 años de cárcel para un empresario por explotar a ucranios
La Fiscalía de Granada ha pedido dos años y medio de cárcel contra un vecino de Alhama de Granada Manuel Portillo por explotar laboralmente a 11 inmigrantes ucranios aprovechándose de sus circunstancias de necesidad. La Fiscalía central de Andalucía está convencida de que hay centenares de extranjeros sometidos a vejaciones semejantes. Jesús García Calderón, fiscal jefe, tiene intención de convocar a los representantes del ministerio público de las ocho provincias para conseguir una mayor coordinación en los relacionados con los extranjeros.
La veracidad de la sospecha de García Calderón fue confirmada ayer por la Guardia Civil que informó que el mes pasado detuvo en Loja a una mujer de nacionalidad argentina acusada de surtir de mano de obra inmigrante a los empresarios de la comarca a cambio de sendas comisiones que cobraba a los industriales y a los trabajadores. Precisamente, y dentro de la misma operación policial, fueron detenidos un empresario de Loja y un compinche de la mujer que vive en Alcalá la Real.
La Fiscalía del TSJA quiere acabar con el tráfico de mano de obra ilegal cuyas víctimas son los ciudadanos extranjeros. En Granada los fiscales han mantenido contactos con la Guardia Civil y con la Inspección de Trabajo para actuar coordinadamente. Prueba de esta intensificación para resolver tales delitos son los dos años y medio de cárcel que el ministerio público ha pedido contra Manuel Portillo, un intermediario al que acusa de detraer 400 pesetas diarias a once inmigrantes de Ucrania del salario convenido como 'compensación económica' por emplearles.
Además el acusado se encargaba de buscar alojamiento a los inmigrantes a cambio de 2.400 pesetas mensuales sin que mediara ninguna clase de contrato y sin autorización del verdadero propietario del inmueble.
Bastante semejanza
El caso más reciente de Loja guarda bastante semejanza. Aquí fue una denuncia presentada por una inmigrante la que desató la investigación. La empleada se quejó de que había entregado a la mujer argentina 15.000 pesetas para que regulara su situación en España, pero al cabo de siete meses no había obtenido ninguna respuesta.
La Guardia Civil descubrió que la denunciada, que llevaba un nivel de vida muy superior al de sus ingresos reconocidos, se dedicaba a facilitar mano de obra ilegal a cambio de dinero. En su domicilio los agentes descubrieron documentos en los que figuran direcciones y anotaciones económicas de otros empresarios que están siendo investigados. Entre los papeles aparecieron tarjetas de visita en la que la detenida figuraba como 'suministradora de personal'.
También encontraron notas manuscritas en la que la mujer ofrecía sus servicios 'para la recolección de aceitunas, almendras, lechugas y espárrago'.
