La democracia deliberativa y la LOU

Ni siquiera la ridícula cicatería del Ministerio de Educación para recontar el número de asistentes a la manifestación del pasado sábado en Madrid contra el proyecto de Ley Orgánica de Universidades (LOU) ha logrado difuminar el éxito de la convocatoria estudiantil. Aprobado el proyecto por el Consejo de Ministros del 27 de julio, tramitado por la vía de urgencia y votado en el Congreso el 30 de octubre, el texto será debatido por el Pleno del Senado el 14 de diciembre y regresará a la Cámara baja para convalidar sus enmiendas. El escrito de apoyo de cinco mil profesores y la presencia en la manifestación de una veintena larga de rectores dan una inédita pátina de respetabilidad institucional al movimiento universitario.

Los secretarios generales de CC OO y de UGT se dirigieron al público desde la tribuna en tanto que representantes sindicales del personal docente y laboral en los centros de enseñanza superior. La asistencia de los parlamentarios de la oposición, entre otros el secretario general del PSOE y el coordinador de IU, plantea otro tipo de problemas; al disponer de un privilegiado y exclusivo ámbito para proponer enmiendas -condenadas a la derrota por la mayoría absoluta del PP- y expresar críticas, el doblete de la protesta callejera de diputados y senadores contra la LOU no suena congruente con su función representativa en las Cortes. Desde otro ángulo, sin embargo, el flagrante y continuo incumplimiento por el PP de su solemne compromiso electoral de fortalecer la centralidad del Parlamento es una permanente invitación a la búsqueda de otros foros.

La torticera utilización del Senado para pasar de matute las enmiendas a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos y modificar así el Estatuto de RTVE, el impuesto de la gasolina o las subvenciones a Batasuna no es sólo un fraude de ley del PP, sino también una manera de escamotear el debate previo en el Congreso. Presidido por una estricta gobernanta, controlado por la mayoría absoluta del Gobierno y animado por los groseros y vociferantes diputados que el pastor del rebaño popular azuza de vez en cuando contra la oposición para introducir confusión en los debates, el Congreso ha dejado de ser una Cámara de debate para convertirse en una jaula de grillos. En un libro póstumo titulado La constitución de la democracia deliberativa (Gedisa, 1997), el malogrado Carlos Nino subordinaba la legitimidad de la regla de la mayoría en la adopción de decisiones democráticas al cumplimiento del requisito previo de una discusión colectiva capaz de ofrecer a todos los intervinientes la oportunidad de defender sus puntos de vista y sus intereses mediante argumentos genuinos y negociaciones honradas. La tramitación urgente de la LOU contradice frontalmente las condiciones de la democracia deliberativa: la comisión del Congreso despachó 800 enmiendas en dos sesiones y la comisión del Senado utilizó 12 horas para debatir otras 600, sin que ningún incendio justificara ese asfixiante apresuramiento. El maltrato dado por el PP a los diputados y senadores de la oposición y las injuriosas palabras dedicadas a los rectores y profesores discrepantes por el presidente Aznar no revelan sólo una considerable dosis de mala educación, sino también una clara tendencia a las prácticas autoritarias.

La estrategia del PP de invocar como coartada y absolución de sus abusos y corrupciones algunos precedentes igualmente detestables de los Gobiernos del PSOE justifica esta vez el vertiginoso trámite de urgencia de la LOU con el argumento exculpatorio de que los socialistas aprobaron su Ley de Reforma Universitaria (LRU) a matacaballo y durante el verano. Se diría que Javier Arenas, Rafael Hernando y otros portavoces del PP interpretan incorrectamente las palabras disuasorias dirigidas por Jesús a unos fariseos resueltos a lapidar a una mujer casada infiel -'aquél de vosotros que esté sin pecado que le arroje la primera piedra' (Juan, 8, 7)- como una permisiva invitación al adulterio generalizado: según esa teoría, el gobernador del Banco de España, el director general de la Guardia Civil y alguno que otro presidente de comunidad autónoma tendrían ahora barra libre para cualquier desafuero.