Mejor la pasta que el pastel

Lo que está ocurriendo con la Ley de Universidades debería ser incluido en la guía Guinness de los récords. Sus dos puntos más importantes -e irrefragablemente pertinentes: la creación de una Agencia Nacional de Evaluación, y el examen de habilitación para profesores- no han sido objeto de contestación seria, al menos formalmente. Y sin embargo, se ha levantado una tremolina de mil diablos, y al paso que vamos, la ley nacerá muy tocada. ¿Qué hay detrás de todo esto? Luego de preguntar por aquí y por allá, he llegado a la conclusión de que la esfinge no esconde ningún secreto. Le ley no es mala. Si acaso, es demasiado reservona. Pero se ha gestionado sin habilidad. Se ha puesto fuera de sí a los rectores, y la oposición ha visto la oportunidad de hacer eso que se llama 'política de oposición'. Así de ramplón. Ahora, vamos a los detalles.

Ha sido determinante la introducción del sufragio universal en la elección de los rectores. Hasta la fecha, era el claustro quien los nombraba. Los claustros habían cristalizado en lobbies -el de los estudiantes; el del personal administrativo, etc...-, y los rectores promovían su candidatura pactando con aquéllos mejoras económicas o profesionales. Algunos rectores han aprendido la técnica de permanecer en el cargo verdaderamente bien: el rector de la Universidad de Alcalá no ha salido del despacho desde que entró en vigor la LRU, el de la Universidad de Castilla-La Mancha, cosa parecida... El sufragio directo conmoverá por entero este plácido paisaje. Probablemente, no es casual que los rectores más hostiles a la ley tiendan a ser también los más antiguos.

Dos: se ha afirmado que la representación del Consejo Social en la Junta de Gobierno,, que es la que lleva los asuntos académicos, entraña una intolerable intromisión de la vida política en la universitaria. El Consejo Social viene de la LRU. Comprende sindicatos, partidos en versión autonómica, profesores, notables, y un astro cenital:el empresario. El empresario debería buscar fondos extra para el campus. En la práctica, y con excepciones, el empresario no allega un duro o tan siquiera aparece, y en el Consejo, terminan por reunirse los que han de hacerlo de oficio o desean cobrar las modestísimas dietas de asistencia. Como fiscalizador contable, el Consejo tampoco funciona. Algunas universidades -verbigracia, la valenciana-, acumulan más de treinta mil millones de deuda. ¿Llamaremos a esto... 'autonomía universitaria?'. Bromas aparte, no creo que la creación de un pasillo entre Consejo y Junta vaya a remediar la situación. Pero decir que la presencia de tres miembros del Consejo en la Junta aniquila la autonomía universitaria, raya con lo cómico.

Volvamos a la guía Guinness. La LRU se tramitó por vía de urgencia en los meses de julio/agosto, y sin que el borrador de la ley hubiese llegado a los rectores. Presidía el Congreso, por cierto, Gregorio Peces-Barba. A la vez, se jubiló a una punta considerable de catedráticos, y se acometieron otras medidas de rompe y rasga. Pero la universidad no se levantó. Se levantó el cojo Manteca y la derecha, con motivo o pretexto de cuestiones que afectaban a la enseñanza media y primaria. Insisto en la tesis del comienzo: algo ha fallado en el pasteleo del texto, o lo que es lo mismo, en el arte de ganarse voluntades. Y esto cae en el 'debe' del ministerio. Probablemente, no fuera necesario decretar la disolución anticipada de los claustros. Quizá, habría sido prudente alterar menos el statu quo rectoral, y conseguir a cambio un mayor consenso sobre la totalidad de la ley. Pero éstas son, por desgracia, reflexiones tardías. La movilización política ha proyectado el contencioso más allá de su contexto escuetamente académico. Lo que menos importa ahora es la universidad.