Argentina teme una avalancha de ciudadanos en las oficinas bancarias

La decisión del Gobierno argentino de inmovilizar los depósitos bancarios, que hoy entra en vigor, supone el comienzo de una nueva etapa para el maltrecho país. Se teme que una avalancha de ciudadanos desesperados, desconcertados sobre el futuro de sus ahorros, acuda en masa a las sucursales. El decreto que recoge las nuevas restricciones fue consecuencia de las intensas presiones de las grandes entidades de crédito, que llegaron a amenazar con no abrir hoy ante la imparable retirada de fondos de la semana pasada, que puso al sistema financiero argentino al borde del colapso.

El decreto de necesidad y urgencia que firmó el sábado por la noche el presidente Fernando de la Rúa ha aumentado el desasosiego de una sociedad que vive desde hace tres años los efectos de la recesión económica. Los argentinos dedicaron el fin de semana a recuperarse del golpe y a tratar de comprender el alcance de unas medidas que suponen una severa restricción a los movimientos de dinero en efectivo.

Hoy comienza una nueva época en Argentina, que el ministro de Economía, Domingo Cavallo, asegura que durará 90 días, en la que el ciudadano tendrá limitada una libertad tan esencial como el uso de sus recursos económicos. Ningún argentino podrá extraer en efectivo más de 250 pesos o dólares a la semana (el peso argentino está ligado al dólar estadounidense por una paridad fija de uno por uno), porque el Gobierno ha ordenado la bancarización de la vida cotidiana. Las medidas entran en vigor hoy, y esta mañana, cuando los bancos abran sus puertas, se teme una avalancha de clientes desesperados.

Se trata de frenar en seco la sangría de depósitos que el viernes se acercó a los 700 millones de dólares. Fuentes consultadas por este diario ratificaron ayer las declaraciones del gobernador de la provincia de Santa Fe, Carlos Reutemann, quien declaró que varios banqueros le describieron el viernes una situación desesperada, a un paso del hundimiento, si el Gobierno no adoptaba medidas urgentes.

A partir de hoy, los hábitos de los argentinos tendrán que cambiar drásticamente. Según las pretensiones de las nuevas medidas, la mayoría de las operaciones comerciales y financieras tendrán que hacerse mediante tarjetas de crédito y de débito o cheques bancarios, en un país donde apenas el 1% de las operaciones que se realizan con dinero electrónico son compras.

La prohibición de retirar en efectivo más de 1.000 pesos o dólares mensuales obligará a efectuar con cheque o tarjeta muchos pagos que hasta ahora se hacían con dinero contante y sonante. Los salarios del personal doméstico y de otros servicios, los pequeños comercios, y las innumerables personas y negocios que cobran en efectivo padecerán las consecuencias de las medidas.

Economía sumergida

Para el ministro argentino de Economía, Domingo Cavallo, la solución es que estas personas tengan una cuenta bancaria que les permita cobrar con cheque o transferencia bancaria. En Argentina, un 47% de la población vive de la economía sumergida. Blanquear de una plumazo un porcentaje de tales características suena a quimera. El ministro ha pedido a los bancos que amplíen la jornada laboral para dar tiempo a la gente y que pueda abrir nuevas cajas de ahorro y cuentas corrientes.

Quienes se vayan de viaje al exterior, por los motivos que sea, tendrán que calcular minuciosamente sus dispendios en efectivo, ya que sólo podrán salir del país con 1.000 pesos o dólares en billetes, y en el extranjero sólo podrán recurrir a los cajeros automáticos para extraer la cantidad de 250 dólares a la semana.

Horacio Liendo, asesor del ministro, daba ayer su particular interpretación de las medidas: 'Suponen una restricción al modo de uso, pero no a la propiedad del dinero'. Y justificó el paso dado como consecuencia de la masiva retirada de depósitos 'por una continuidad de rumores'. Julio Macci, director del Banco Hipotecario, admitió que son medidas extraordinarias diseñadas como 'valla de contención'. 'Estamos ante un enfermo, Argentina, que está en terapia intensiva', dijo. 'Está haciendo esfuerzos denodados como país deudor para recuperar la confianza de los inversores y controlar el gasto', añadió.

El Gobierno se esfuerza estos días por convencer a la delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) que, con Tomás Raichmann al frente, está en Buenos Aires realizando una auditoría previa al desembolso de 1.260 millones de dólares como parte del blindaje financiero acordado a principios de este año.

A estas alturas, las cifras indican que el déficit anual de 6.500 millones de dólares acordado con el FMI no se cumplirá, con un desvío de 1.320 millones en las cuentas fiscales de la nación, y de 800 millones de dólares en las arcas provinciales.