Los padres que esperan adoptar niños rumanos, descontentos con la Generalitat
Las parejas catalanas pendientes de adoptar niños rumanos acusan a la Generalitat de desentenderse del bloqueo en las adopciones de menores acordado por el Gobierno de Rumanía. La Administración catalana se escuda en que no tiene competencias y en que es al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno central al que corresponde hacer las gestiones para sacar del atolladero a las parejas que están en plena tramitación para adoptar niños de aquel país. La Unión Europea hizo una serie de recomendaciones a Rumanía destinadas a modificar la normativa que regula la adopción y el país reaccionó paralizando todos los procesos de adopción abiertos.
El colectivo de padres se reunió recientemente con el consejero de Justicia, Josep Delfí Guàrdia, sin conseguir ningún compromiso por su parte para tratar de encontrar una solución al problema. Tampoco tuvieron suerte con la presidenta del Instituto Catalán de Adopción, Victòria Perarnau, en su afán por lograr que se les entregue cuanto antes a los niños que están esperando. Las siete parejas, algunas de las cuales iniciaron hace dos años los trámites de adopción por cauces legales a través de una asociación colaboradora reconocida por la Generalitat, no entienden que ahora sus interlocutores les digan que no tienen competencias y los remitan a Madrid.
El Departamento de Justicia ha remitido un escrito al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, para que se interese por el asunto. Sus responsables insisten en que no puede hacer nada más para lograr el desbloqueo de las adopciones.
Los afectados desearían que en España se actuara en este caso con la misma celeridad con la que ha reaccionado Francia, que intercedió en favor de los matrimonios en proceso de adopción y logró que pudieran concluirla en el mismo momento que se anunció el carpetazo. Los padres recordaron a Guàrdia que, con frecuencia, delegaciones del Ejecutivo catalán viajan al extranjero pese a que las relaciones con otros países son competencia del Gobierno central.
