Impuestos regresivos

La Constitución Española, aprobada por una mayoría de españoles allá por el año 1978, antepone, incluso en su artículo primero, al carácter democrático del Estado español, su carácter social. Un Estado social de derecho que se precie, debería asegurar a todos sus ciudadanos un adecuado sistema de sanidad pública, financiado con recursos suficientes en el marco de un sistema fiscal justo y progresivo (artículos 31 y 43 de la Constitución).

Resulta escandaloso que después de tantos años de Constitución democrática, el Gobierno reconozca implícitamente que no hay recursos suficientes para financiar la sanidad pública, estableciendo un impuesto indirecto y, por tanto, claramente regresivo, de cinco pesetas sobre el precio del litro de gasolina.

Escándalo que se ve incrementado si se tiene en cuenta que este mismo Gobierno ha reducido el IRPF, un impuesto del que depende la progresividad del sistema fiscal, a todos los contribuyentes, pero especialmente a los perceptores de rentas más altas: el tipo impositivo máximo ha pasado del 56% al 48% y, además, con el nuevo IRPF, las deducciones se practican, en su mayoría, en la base y no en la cuota del impuesto.

En síntesis, a eso lo llamo yo bandolerismo fiscal, pero al revés; esto es, quitarles a los más pobres para dárselo a los más ricos.-