Los ministerios 'se pasan la pelota' para eludir un compromiso de fechas

De la anómala situación en la que ha entrado la tranferencia de las políticas activas de empleo a la Junta de Andalucía habla bien a las claras el juego de pasarse la pelota en el que entraron el pasado lunes el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, y el titular de Trabajo, Juan Carlos Aparicio. Mientras Posada, en Sevilla, aducía que él no tenía potestad para comprometerse a una fecha para el traspaso ya que 'no sólo dependía' de él, en alusión a los 'problemas técnicos' puestos por Trabajo, Aparicio en Madrid, el mismo día pero en la conferencia sectorial con las comunidades, replicaba al consejero de Empleo, José Antonio Viera, que la transferencia estaba en manos de Administraciones Públicas.

En las comunidades que no tienen transferidas las políticas activas de empleo, la distribución de los fondos corresponde al Instituto Nacional de Empleo, que se nutre fundamentalmente de la información que les traslada la subdelegación del Gobierno central en cada provincia. Los criterios de los subdelegados tienen gran importancia en la asignación de financiación a escuelas-talleres, casas de oficios y talleres de empleo, centros ubicados en municipios concretos que absorben la mayor parte de los recursos en estas iniciativas (40.000 millones en el caso de Andalucía).

En los últimos años, el reparto de estos fondos ha sido muy criticado por el PSOE, que entiende que en la asignación de estas cantidades multimillonarias salen beneficiados Ayuntamientos gobernados por el PP. Unas críticas que, probablemente, se intensificarán en los próximos meses. Ante el bloqueo de la transferencia por el Gobierno central, la Junta no podrá decidir en solitario sobre la distribución de este dinero hasta 2003, en la antesala de las próximas elecciones municipales.

De hecho, en cuanto las competencia lleguen al Ejecutivo andaluz, el PP tiene pensado reivindicar que los Ayuntamientos asuman parte de las políticas activas de empleo. 'En cuanto sean transferidas, pondremos en marcha iniciativas parlamentarias para que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias establezca unas negociaciones con el Gobierno de la comunidad para que los Ayuntamientos tengamos la posibilidad de gestionar una parte de esos recursos', advertía la alcaldesa de Cádiz y presidenta de los populares andaluces, Teófila Martínez, en septiembre del año pasado, cuando aún creía que el traspaso llegaría 'a primeros de enero [de 2001]'.

El primer damnificado del retraso en el traspaso de las políticas activas será el Servicio Andaluz de Empleo, un organismo que la Junta frenó durante dos años pero al que ha dado presencia ya en los Presupuestos andaluces de 2002. Sin las transferencias de estos recursos, el Servicio Andaluz de Empleo, pactado por sindicatos y empresarios, nacerá cojo. Tan sólo gestionará los 50.000 millones que ya distribuye el Gobierno andaluz en concepto de formación profesional ocupacional y de incentivos al empleo a determinados colectivos. Pero quedarán pendiente los 40.000 millones de las políticas activas de empleo y, sobre todo, los servicios específicos de intermediación ante el desempleado para acercar el perfil de los parados andaluces a las necesidades de las empresas de la región o, incluso de otras comunidades.

La Consejería de Empleo tiene hecho un estudio incluso sobre la situación arquitectónica de las 190 oficinas del INEM que serían transferidas a la Junta: la mitad está bien, sólo un 20% necesitaría obras en profundidad.