El bloqueo del Gobierno retrasa el traspaso real de las políticas activas de empleo hasta 2003

El ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, eludió el pasado lunes comprometerse a una fecha exacta para el traspaso de las políticas activas de empleo a Andalucía, anunciada desde 1998 hasta por tres ministros del Gobierno central. Al margen de las sospechas 'políticas' de los socialistas sobre los motivos del retraso, lo cierto es que el bloqueo de la negociación impedirá que la Junta decidida sobre la distribución de 70.000 millones de pesetas en una materia tan sensible hasta 2003, aunque el acuerdo se alcance antes de que termine este año. Desde que el PP está en el Gobierno central, Andalucía tan sólo ha recibido el traspaso de las competencias de Justicia.

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09/10/2000 J. C. Aparicio: 'La negociación sobre el traspaso ha recibido un nuevo impulso'

21/12/1999 Manuel Pimentel: 'En ningún caso se va a llegar a primavera sin un acuerdo'

'El deseo del Gobierno es que específicamente con efectos de enero de 2002 el traspaso de las políticas activas de empleo a Andalucía se haya culminado'. Juan Chozas, secretario general de Empleo, no podrá ver cumplido su deseo, manifestado en el Congreso de los Diputados el pasado mes de mayo. Entre otras cosas porque su jefe, Juan Carlos Aparicio, ministro de Trabajo, se niega a dar el visto bueno a un acuerdo cerrado hace siete meses. Una situación que llevó al ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, a evitar esta semana poner fecha a la transferencia más reclamada por la Junta de Andalucía. Y la más anunciada por ministros del PP en los últimos cuatro años.

En la Consejería de Empleo, que negocia con el Ministerio desde 1996, saben desde septiembre que el 'deseo' de Chozas es imposible. El día 10 de aquel mes, Posada se entrevistó con el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, apenas unos días después de que el Gobierno y las comunidades afectadas (todas salvo Euskadi y Navarra) firmaran el pacto de financiación autonómica, que acababa con cinco años de exclusión de las comunidades socialistas (Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha) del régimen general. Para que las políticas activas de empleo pudieran ser gestionadas directamente por la Junta en 2002 era indispensable que de aquel encuentro saliera un compromiso firme, que pusiera en marcha los largos trámites administrativos necesarios en una traspaso.

Pero de aquel encuentro no salieron nada más que buenas palabras y una nueva cita entre Zarrías y Posada, que tuvo lugar la semana pasada. Y de esta última reunión, ningún compromiso del ministro de Administraciones Públicas, lo que levantó las críticas airadas del PSOE y una espiral de enfrentamiento dialéctico con los populares que recuerda ya al de la pasada legislatura.

'Aunque haya acuerdo antes del 1 de enero, ya no habrá tiempo para que el Gobierno realice los trámites pertinentes y la Junta no podrá hacerse cargo del dinero, no será un traspaso efectivos hasta 2003', aseguran fuentes de Empleo, que insisten en que esos trámites tenían que haber empezado hace más de un mes. La Junta había aceptado en primavera congelar el traspaso de las políticas activas de empleo hasta que no se llegase a un acuerdo en el modelo de financiación autonómica. El acuerdo se logró pero pasó septiembre, la última fecha disponible para que la transferencia fuese efectiva en 2002, y el Gobierno central no sacó del congelador las políticas activas de empleo.

Según los números de Empleo, el nuevo modelo de financiación autonómica apenas tendrá incidencia en el traspaso. La elección de un nuevo año base (1999) para el cálculo de la financiación autonómica sólo supondría unos 150 millones más al año sobre el coste efectivo de la transferencia, 8.000 millones anuales. La decisión de esperar al pacto autonómico tuvo más que ver con el deseo de la Junta de no crispar aún más las relaciones con el Gobierno central con nuevas reclamaciones, ante la importancia de la negociación para las arcas autonómicas.

El acuerdo quedó de hecho sellado en primavera. Frente a los 'problemas técnicos' que arguye el ministro de Trabajo últimamente (este periódico intentó sin éxito que el Ministerio precisara cuáles eran estos obstáculos), las dos Administraciones tienen ya los números del pacto.

El principal escollo técnico de la negociación se salvó definitivamente en marzo. Entonces la Consejería de Empleo y el Ministerio de Trabajo acordaron aparcar la cesión de los fondos que financian las obras que permiten a los trabajadores agrarios acceder a subisidios (el antiguo PER). Ambas administraciones decidieron cogestionar estos 22.000 millones de pesetas anuales hasta que todas las comunidades hayan recibido las políticas activas de empleo y se apruebe la ley estatal que regulará el nuevo modelo de Servicio Público de Empleo.

Con la decisión de adoptar un modelo de cogestión para los fondos del antiguo PER, el resto del acuerdo fue mucho más fácil, ya que algunas cuentas llevaban años hechas. Los funcionarios traspasados serán 1.627 y las oficinas que se transferirán desde el Instituto Nacional de Empleo serán 190. Se calculó 861.438 pesetas por funcionario en concepto de gasto de funcionamiento. A esto se añadió 770 millones anuales para inversiones y otros 1.000 millones incluidos en un fondo de nivelación para atender a proyectos de obras ya iniciados en estas instalaciones y los centros nacionales de formación de Almería y Sevilla, que también pasarán a la Junta. En total, 8.000 millones como coste efectivo del traspaso.

Esos 8.000 millones anuales son los que permitirán a la Junta mantener la estructura necesaria para gestionar los 40.000 millones que cada año vienen a Andalucía como políticas activas de empleo, un amplio abanico de iniciativas que incluyen casas-taller, escuelas de oficios, servicios de intermediación entre empresas y desempleados o financiación de programas de empleo en corporaciones locales y fundaciones. Los 8.000 millones de coste del traspaso, los 22.000 millones del antiguo PER y los 40.000 millones de las políticas activas de empleo suman los 70.000 millones anuales en los que la Junta cifra el traspaso.

El acuerdo técnico entre Junta y Gobierno era tal que ambas administraciones hablaron en primavera de cómo evitar duplicidades entre los funcionarios que quedarían adscritos al INEM (que mantiene el pago de la prestación por desempleo) y los que pasarían a la Junta en las oficinas más de localidades más pequeñas. Sólo falta la decisión política; la misma que permitirá a Extremadura La Rioja, Baleares y Castilla-León recibir estas competencias en enero, o la que permite ya a Cataluña, Canarias, Galicia, Madrid, Navarra, Valencia y Asturias distribuir esos fondos.