El Gobierno de CiU podrá pagar en 10 años el mantenimiento de las carreteras

La ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat prevé que el mantenimiento de las carreteras y otras obras públicas pueda ser adjudicado a empresas privadas, a las que se concederá la posibilidad de negocios relacionados con esas mismas obras como compensación. Si con ello no hay suficiente, el Gobierno catalán autoriza a dilatar el pago de estas obras durante 10 años. La misma norma permite a Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) operar en sectores no ferroviarios, como las telecomunicaciones y el ocio.

La ley de acompañamiento, en su artículo 40, modifica en diversos puntos el objeto social de FGC: le permite la promoción urbanística y la prestación de servicios turísticos, deportivos o de ocio. Autoriza también a la compañía la construcción y explotación de servicios de telecomunicaciones. Y sobre todo, le permite construir vías ferroviarias. Esta última decisión choca directamente con otra ley ya entrada en el Parlament que prevé que la construcciones de infraestructuras ferroviarias sea atribuida en exclusiva al Ente Ferroviario Catalán, una empresa pública de nueva creación.

El anterior consejero de Política Territorial, Pere Macias, justificó esta última ley con la normativa comunitaria que impone la separación entre la propiedad de las vías y el operador que circula por ellas. Los cambios en FGC van en dirección literalmente contraria a la directiva europea. El Gobierno catalán ha aprobado ya un decreto que modifica los estatutos de FGC para permitirle actuar en las nuevas funciones. Esta ley permite que FGC se endeude, sin que su deuda se refleje de forma directa en los presupuestos.

Paralelamente, el Gobierno catalán busca reducir gastos en las reparaciones de las vías públicas. El artículo 28 de la ley de acompañamiento autoriza al Gobierno catalán a contratar el mantenimiento de las obras públicas a cambio de una concesión 'de dominio público sobre la correspondiente zona de servicios o área de influencia'. Esto permitiría conceder los márgenes de carreteras para la instalación de cable o, si el terreno es más amplio, para gasolineras y áreas de servicio e incluso hoteles.

Aportaciones de capital

Si la concesión no cubre el coste de las obras por realizar, el Gobierno catalán podrá aplazar los pagos hasta un máximo de 10 años a partir de la finalización de las obras. Es decir, puede darse el caso de que cuando se pague el arreglo de un bache ya se hayan abierto otros cuatro.

Finalmente, el artículo número 58 de la ley prevé la posibilidad de que el Gobierno catalán haga aportaciones de capital a las concesionarias de autopistas, nuevas o ya existentes, para conseguir una reducción total o parcial del peaje (el llamado peaje blando).

Este artículo podría aplicarse en las nuevas concesiones, como la prolongación de la autopista del Maresme hasta Lloret, o en el túnel de Horta si finalmente se aprueba su construcción y es de peaje. Pero sirve también para 'prolongaciones' de las vías ya existentes.

Con ello, el Gobierno catalán deja una puerta abierta para absorber el porcentaje del IVA que las autopistas deberán incrementar a partir del 1 de enero. Además podría aplicarse este método para rescatar algunos tramos cuya supresión ha sido formalmente reclamada por el Parlament, como el peaje de Mollet.

El Ejecutivo catalán aduce que la decisión del Parlament no llevaba fecha y, por tanto, aunque mantenga el peaje no incumple la ley. La oposición, en cambio, interpreta que dispone de cuatro meses para cumplir los mandatos que no especifican plazo.