El PP retira los presupuestos de Málaga para 2002 ante el riesgo de que sean ilegales

La tramitación del proyecto de presupuestos municipales en Málaga para 2002 no está siendo precisamente un camino de rosas. El concejal de Hacienda, Francisco Aguilar, los retiró ayer del orden del día de la comisión correspondiente ante la sorpresa de los grupos de oposición, que llevaban solicitando esta medida, con escaso éxito, desde que se hicieron públicos. Por segunda vez en 10 días, el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP) , se ha visto obligado a retrasar la aprobación de los presupuestos ante el riesgo de que sean ilegales.

La razón del nuevo aplazamiento es una sentencia del Tribunal Supremo que declara que el dinero que un consistorio obtiene de las operaciones de venta de suelo sólo puede destinarse a crear más patrimonio de suelo, una práctica que incumplen la mayoría de las corporaciones locales que venden terrenos para invertir. Curiosamente, el concejal de Hacienda aseguró hace 10 días, cuando se produjo el primer retraso, que iba a mantener las previsiones de este capítulo porque era un asunto que afectaba a todos los ayuntamientos y había que buscar una solución conjunta en la Federación Española de Municipios y provincias (FEMP).

Este fallo judicial, con fecha 2 de noviembre, da la razón al PSOE en un recurso que presentó contra los presupuestos municipales de Oviedo correspondientes al ejercicio de 1994 y fue conocido cuando el PP de Málaga ya tenía ultimado el borrador de los presupuestos para el próximo año, que dio a conocer a bombo y platillo ya que lo situaban en torno a 97.000 millones de pesetas, el mayor que nunca ha tenido la corporación malagueña.

El primer revés al presupuesto lo sufrió el PP al conocer el informe del interventor municipal, Carlos Claros, quien en un dictamen de más de 100 páginas advertía de que los ingresos estaban inflados, de que el nivel de endeudamiento rozaba la capacidad, y también de la 'ilegalidad' que suponía no acatar la mencionada sentencia.

El presupuesto prevé 4.600 millones de pesetas en ingresos por venta de suelo que se iban a destinar a inversiones. El PP, de momento, prefirió mirar para otro lado y hacer oídos sordos al informe del interventor, un alto funcionario con el que el concejal de Hacienda mantiene un fuerte enfrentamiento y que cuestiona una a una todas las operaciones que emanan de su área de intentó sacar adelante una propuesta para quitarle competencias.

La oposición, sin embargo, se agarró a la sentencia y al posterior informe de intervención y lanzó un claro aviso: impugnarían las cuentas municipales de 2002 si el PP insistía en aprobarlas en esta situación. PSOE e IU pidieron un pronunciamiento al secretario general de la corporación, que también fue exigido por el alcalde.

Este informe no está aún ultimado y esta ha sido la razón esgrimida ayer por De la Torre para retirar del orden del día de Hacienda el presupuesto y anunciar que tampoco irá al pleno del viernes, en el que inicialmente se iba a aprobar. El alcalde alegó también 'un periodo de reflexión para conocer la actitud que van a adoptar otros ayuntamientos'.

Ante el temor de que el informe del secretario vaya por el mismo camino que el del interventor, De la Torre reunió el domingo en su despacho a responsables del área de Hacienda. En este encuentro, se calibró la posibilidad de que la impugnación anunciada por la oposición saliera adelante y hubiera que trabajar en 2002 con un presupuesto prorrogado. Ante ello, se decidió frenar su aprobación.

La oposición salió ayer en tropel para criticar 'el desgobierno municipal', ya que consideran que no hay precedentes de un equipo en mayoría absoluta que tiene que dar marcha atrás 'por un problema de posible ilegalidad'.

El portavoz del PSOE, Francisco Oliva, pidió la destitución del edil de Hacienda y elevó trambién la responsabilidad al alcalde, ya que internamente se afirma que ha sido el propio Francisco de la Torre el que decidió coger el timón del presupuesto para el próximo año, después de algunas desencuentros con su responsable de Hacienda.

A esta tesis se sumó el portavoz de IU, Rafael Rodríguez, que también pidió responsabilidades al alcalde: 'Si este desaguisado lo pretende resolver De la Torre sin adoptar medidas políticas, se estará equivocando y demostrará que no tiene capacidad para gobernar', dijo.