Los pluses de hasta 200.000 pesetas a jueces con causas acumuladas dividen al Poder Judicial
Los magistrados de Madrid, Cataluña y Valencia protestan porque se premia la baja productividad
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó el 16 de noviembre, por tres votos (del presidente y dos vocales propuestos por el PP) a dos (de vocales propuestos por el PSOE), la aplicación de pluses de entre 100.000 y 200.000 pesetas mensuales a los jueces y magistrados que, habiendo cumplido los módulos mínimos de trabajo, tienen atrasos en sus juzgados. Los dos vocales minoritarios rechazaron la medida, por discriminatoria, en línea con las objeciones manifestadas por los tribunales superiores de Madrid, Cataluña y Valencia.
Los sucesivos acuerdos unánimes del CGPJ para la elección de presidente, vicepresidente y demás órganos de la institución han dado paso a las primeras diferencias de criterio entre sus consejeros, según que hayan sido propuestos por el partido gubernamental o por los de la oposición.
El acuerdo tomado por la mayoría de la Comisión Permanente el 16 de noviembre da el visto bueno a las peticiones de varios centenares de jueces, la mayoría de primera instancia e instrucción, que se beneficiarán del programa de actuación del Ministerio de Justicia para reducir el volumen de asuntos judiciales pendientes, según autorización del decreto aprobado por el Gobierno el 26 de octubre de 2001.
Previamente a dicho acuerdo, el pleno del anterior CGPJ, a propuesta de los vocales Rubén Francisco Jiménez y Francisco Monterde (ambos propuestos en su día por el PP), acordó dirigirse a los jueces seleccionados para formar parte de ese primer programa de actuación, por haber cumplido durante 2000 los módulos de dedicación establecidos 'y mantener un número de asuntos pendientes susceptibles de una disminución sustancial'.
En las reuniones celebradas los días 25 y 30 de octubre último por los dos vocales mencionados y altos cargos de Justicia se concretó que, en su primera fase, el programa pagará incrementos de dedicación a los jueces y magistrados 'en los propios juzgados de los que son titulares' mediante tres tramos retributivos, referidos a importes brutos mensuales: 100.000 pesetas para quienes superen los módulos mínimos en un 30%; 150.000 pesetas para los que los superen en un 40%, y 200.000 pesetas para quienes superen tales módulos en un 50%.
El Ministerio de Justicia dejó claro en esas reuniones que los planes de actuación 'son por completo ajenos a la futura ley de retribuciones, cuya negociación se está llevando a cabo, y que tienen por principal objeto eliminar las bolsas de trabajo atrasado existentes en los órganos judiciales, al haberse constatado que, en la actualidad y como norma general, éstos dan salida prácticamente al mismo número de asuntos que tienen entrada en los mismos'.
Programa de siete meses
También se aprobó que el programa tenga una duración de siete meses, entre el 1 de diciembre de 2001 y el 30 de junio de 2002, para lo cual se consideraba preciso que las propuestas de nombramiento de los jueces y magistrados que hayan de integrar la primera fase fueran formuladas por el CGPJ antes del 16 de noviembre, fecha en la que la Comisión Permanente dio su visto bueno al plan heredado.
Votaron a favor de este acuerdo el presidente del CGPJ, Francisco José Hernando Santiago, y los vocales Juan Pablo González y Javier Laorden, mientras que discreparon del mismo los también vocales José Antonio Alonso y Javier Martínez Lázaro, quienes emitieron un voto particular contrario al acuerdo. Entre otros razonamientos, Martínez Lázaro y Alonso consideran el plan aprobado 'discriminatorio', por no haberse ofrecido a todos los jueces y magistrados y haber primado a quienes tienen atrasos frente a los titulares de juzgados que han conseguido sacar adelante más volumen de trabajo y evitar que se produzcan atrasos. Igualmente, ambos vocales se oponen al acuerdo por no haber sido consultado con las asociaciones profesionales ni con las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia de las autonomías.
Tres de esas salas de gobierno, las de Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana, han mostrado sus objeciones hacia este plan de actuación, según informa Efe. Según el catalán Guillem Vidal, el acuerdo 'discrimina expresamente' a algunos jueces y puede premiar a otros 'que no se hayan destacado por su laboriosidad'.
