El ovillo del secuestro de Olot

Lo que empezó el 20 de noviembre de 1992, y durante un año, siete meses y cinco días fue un dramático secuestro, ha acabado por derivar, nueve años después, en una interminable tragicomedia de enredo con 10.600 páginas encuadernadas en 41 tomos en la que dictan el argumento un tropel de personajes secundarios de escasa fiabilidad. Mientras los secuestradores confesos de la farmacéutica Maria Àngels Feliu están en la calle después de cumplir dos años de prisión preventiva, proliferan las críticas a la lentitud del juzgado de Olot desde los más diversos ámbitos. Altas instancias judiciales también reclaman celeridad y aventuran que el juicio podría celebrarse coincidiendo con el décimo aniversario del secuestro más largo de la historia de la delincuencia común española.

El número de acusados, testigos y diligencias podría prolongar el juicio durante 45 días

El empeño en tirar de hilos secundarios ha convertido el caso en el cuento de nunca acabar

La movilidad de los sucesivos jueces encargados de la instrucción del caso, que ascienden a magistrados y abandonan su destino, la crónica escasez de personal de los juzgados de Olot y el empeño judicial en tirar de hilos secundarios han convertido la investigación del secuestro de Maria Àngels Feliu en el cuento de nunca acabar. La investigación judicial ha dedicado casi un año a buscar, sin resultados aparentes, pistas de un hipotético pago del rescate que niegan tanto la familia como los secuestradores. Ahora centra sus esfuerzos en establecer conexiones entre los cuatro secuestradores confesos y los dos primeros procesados por el caso, Joan Casals y Xavier Bassa, que llegaron a ser acusados del asesinato de la farmacéutica antes de su liberación.

Carles Monguilod, el letrado de Maria Àngels Feliu, asegura que el juzgado de Olot ha desperdiciado su tiempo con 'diligencias inverosímiles' y ha dado credibilidad a 'testigos de pacotilla'. Pone como ejemplo el caso de Francesc Viñas, que se definía como asesor militar e investigador privado, pero que para Monguilod no era más que 'un fantasma' con aires de 'Anacleto, agente secreto'. Una carta -'sin pies ni cabeza', según la acusación particular- de este testigo, que ni tan siquiera fue interrogado en su momento, desencadenó una ardua y estéril diligencia para investigar las cuentas de la familia Feliu en Andorra. El empeño en el rescate ha causado dolor en la familia. Más todavía si se tiene en cuenta que tal pago no podría considerarse delito -puesto que no iba dirigido a una organización terrorista- ni afectaría a la pena de los acusados. El interés juridico-policial en implicar en el secuestro a Casals y Bassa tiene también unas bases endebles. El confidente policial que les acusó de secuestrar y asesinar a Feliu, Francisco Evangelista, fue años más tarde la estrella de un programa de telebasura en el que se dedicó a defender la peregrina teoría del autosecuestro. La farmacéutica de Olot se querelló contra él por sus manifestaciones. Un nuevo testigo dudoso ha entrado en escena recientemente. Afirma que vio a Joan Casals junto a Ramon Ullastre, uno de los cerebros del secuestro, el mismo día del delito. Este testigo es un presidiario que cumple condena por el asesinato de su esposa y justifica más de siete años de silencio por supuestas amenazas. Hoy lunes tienen lugar nuevas declaraciones en relación con esta línea de investigación que, según fuentes próximas al caso, podrían ser las últimas antes de dictar los autos de procesamiento que conducirían hacia el anhelado juicio.

Maria Àngels Feliu no entiende el lento proceder de la justicia. En fechas recientes personas de su entorno se han topado cara a cara con alguno de los secuestradores. Los interminables coletazos del secuestro le impiden cerrar heridas que intenta sobrellevar como quien carga con una enfermedad crónica. En una entrevista a Ràdio Olot declaró que cada nueva información le hace aflorar amargas sensaciones 'Si pudiera, ni tan sólo iría a juicio', aseguró. El presidente de la Audiencia de Girona, Fernando Lacaba, advierte de que la declaración de Feliu será 'la prueba reina', aunque admite que, acogiéndose a la ley de protección de testigos, se le concedería el derecho de no testificar ante sus secuestradores. Menos probable sería que su comparecencia tuviera lugar a puerta cerrada. Lacaba admite que existe 'un clamor social' y continuas quejas de la mayoría de las partes para que se cierre la investigación judicial. 'De los informes que cada mes el juzgado de Olot remite a la Audiencia no se deduce un avance transcendental en las investigaciones', admite Lacaba. El Ayuntamiento de Olot también pide celeridad, porque mientras no se condene a Antoni Guirado, el policía local que ha confesado su participación en el delito, le debe pagar su sueldo religiosamente cada mes.

Fuentes judiciales aventuran que, en caso de no aparecer nuevos testigos sorpresa, el juicio podría celebrarse en otoño del año próximo en la sección primera de la Audiencia de Girona. Su duración, a causa del presumible gran número de acusados, testigos y diligencias, podría superar el mes y medio. Los acusados se enfrentarán a penas que podrían rondar los 10 años y si el tribunal acepta que existió pacto para delinquir es probable que los secuestradores confesos reciban castigos muy parejos. El plan necesitaba del concurso de todos para llegar a buen término.

Todas las partes admiten que los 10 años transcurridos desde la fecha del secuestro serán enormemente contraproducentes en el juicio oral, en el que la memoria mostrará sus flaquezas.