La Audiencia de Vitoria juzgará por estafa a los dos socios de la gestoría ERNE
Las primeras denuncias se produjeron en 1992 y el juicio no se celebrará hasta el 2002
Un juez de Vitoria ha dictado la apertura del juicio oral por un presunto delito de estafa contra los dos socios de la gestoría ERNE, José Ramón Saenz de Maturana y José Javier López de Landache, a pesar de que la fiscalía había pedido el archivo de las actuaciones. El caso, que lleva casi una década en fase de instrucción, será juzgado en la Audiencia Provincial de Vitoria, y en el banquillo se sentarán los dos socios de la citada gestoría, que a su vez lo eran de la mercantil River Joyeros y de Vigama S.A. ERNE prometía a sus clientes mejor rentabilidad que en cajas y bancos, hasta que el negocio fracasó y los ahorradores perdieron alrededor de 200 millones de pesetas. El sumario engloba una veintena de querellas de algunas de las personas afectadas que se quedaron sin los ahorros de su vida.
La primera denuncia contra ERNE o alguno de sus dos socios fue presentada en 1992 y desde esa fecha han ido apareciendo nuevos demandantes. Entre aquel año y el de la celebración del juicio, casi con toda seguridad a principios de 2002, ha pasado una década, durante la cual alguno de los querellantes originales ya ha muerto. Ahora son sus herederos los que empiezan a recuperar la confianza en la justicia al ver cómo un caso que ha sufrido toda clase de reveses, incluso la desaparición temporal de dos de los once tomos del sumario, ha sido reactivado. El nuevo juez que ha cerrado la instrucción va a llevar al banquillo a las dos personas acusadas del presunto delito de estafa que hicieron desaparecer sus ahorros.
Los dos autos dictados en los últimos días por el juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, Jaime Conejo, suponen la apertura del juicio oral contra los dos acusados y el embargo de sus bienes, o el depósito de una fianza equivalente, por un total de 85 millones de pesetas, 'a fin de asegurar las responsabilidades que, en definitiva, pudieran imponérseles'.
El juez explica en otro auto dictado el pasado 14 de noviembre que ya ha sido practicada la 'traba [embargo] sobre bienes' a J. R. Sáenz de Maturana por valor de 54 millones de pesetas, y decreta el embargo de otros 31 millones a J. J. López de Landache. A este último se le embarga, en concreto, una parte proporcional del sueldo, de un inmueble de su propiedad y de varias cuentas corrientes y de ahorro, hasta completar la cantidad señalada.
Negocio rentable
El negocio de ERNE, Gestora de Inversión y Servicios S.A. funcionó a pleno rendimiento durante la década de los 80, pero a principios de los 90 se hundió. Según consta en el propio sumario, Landache reconoció en conversaciones privadas con algunos de los ahorradores que le habían confiado sumas de hasta 25 millones de pesetas, que todo el problema se derivaba de 'una desafortunada inversión inmobiliaria' en una parcela de las islas Canarias. Presumiblemente se refería a la compra que Vigama S. A., empresa creada entre otros por Maturana y Landache, hizo en Las Palmas de Gran Canaria en 1986, con el objetivo de edificar un inmueble y que en 1991 todavía no tenía ni un ladrillo puesto. El precio de compra de esa parcela ascendió a 450 millones de pesetas. Los vendedores, un matrimonio de las islas la había comprado 21 meses antes por 124,4 millones de pesetas. En menos de dos años había generado unas plusvalías para los vendedores de 325,6 millones de pesetas.
A pesar de que el fracaso de ERNE dejó sin dinero a muchos ahorradores, la Fiscalía sostiene que los hechos no son constitutivos de delito, porque no hay indicios como para pensar que exista engaño bastante para inducir a error -elemento esencial del delito de estafa-. Por otro lado, la Fiscalía entiende que no hay apropiación indebida al no quedar acreditado que los imputados dispusiesen para sí o distrajeran las cantidades que habían depositado terceros en sus manos.
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