Comisión superflua

El transfuguismo es un fenómeno de naturaleza política sustancialmente resistente al control jurídico. En numerosas ocasiones el Tribunal Constitucional ha reiterado que el 'derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos', reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución es 'la otra cara de la moneda' del derecho de 'los ciudadanos... a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes', reconocido en el artículo 23.1. El derecho de sufragio pasivo no es más que el correlato del derecho de sufragio activo. En consecuencia, el representante, sea parlamentario estatal o autonómico o concejal, sólo puede dejar de serlo o por voluntad propia o por una nueva decisión de los ciudadanos integrantes del mismo cuerpo electoral que lo eligió. Ningún partido político por separado ni todos juntos pueden impedir que el representante continúe siendo representante durante toda la legislatura. El representante, desde una perspectiva jurídica, está vinculado únicamente con los ciudadanos que lo eligieron. Puede, por tanto, permanecer en el partido en cuya lista fue elegido o puede cambiar de partido o puede quedar como parlamentario o concejal independiente e integrarse en el grupo mixto.

El parlamentario o concejal tiene derecho a seguir en el cargo en condiciones de igualdad con el resto. No se le puede negar información, ni penalizar económicamente, ni nada por el estilo

Más todavía. De acuerdo con la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional, el representante, parlamentario o concejal, no sólo tiene derecho a permanecer en el ejercicio del cargo para el que ha sido elegido durante toda la legislatura, sino que tiene derecho a permanecer 'en condiciones de igualdad' con los demás parlamentarios o concejales. El abandono de la disciplina de partido y del grupo parlamentario o municipal no puede no ya impedir sino ni siquiera obstaculizar el desempeño de la función para la que ha sido elegido. No se le puede impedir el acceso a la información a la que como parlamentario o concejal tiene derecho, ni se le puede penalizar económicamente, ni nada por el estilo.

Jurídicamente no se puede hacer nada contra el representante que abandona la disciplina del partido, tanto si lo hace para pasar, directa o indirectamente, a la disciplina de otro, y propiciar el triunfo, por ejemplo, de una moción de censura, que es en lo que consiste el transfuguismo en sentido estricto, como si lo hace para permanecer como independiente, integrándose en el grupo mixto, sin otro tipo de repercusión, que no es un supuesto de transfuguismo.

Viene a cuento esta introducción de la reunión que celebraron el pasado viernes los distintos partidos andaluces en el Parlamento de Andalucía para abordar el problema del transfuguismo. La comisión que se acordó constituir a fin de analizar los casos de transfuguismo que puedan presentarse en el futuro no podrá adoptar ninguna decisión de carácter 'vinculante'. Las decisiones que eventualmente adopte, sean las que sean, no podrán tener ningún valor jurídico y no podrán ser hechas valer ante ningún tribunal de justicia. Lo que se decida en dicha comisión tendrá el valor 'político' que los partidos integrantes de dicha comisión quieran darle, pero carecerá de cualquier valor 'jurídico'.

Esto es así y no puede ser de otra manera. Entre la política y el derecho en este terreno la frontera es infranqueable.

¿Qué sentido tiene, entonces, la constitución de esta comisión? ¿Qué añade esta comisión al acuerdo nacional contra el transfuguismo que se firmó entre todos los partidos políticos en 1998?

La verdad es que la futura comisión es completamente superflua. Para combatir el transfuguismo en sentido estricto, que es el único que se puede combatir, no es necesario constituir ninguna comisión. Bastaría con que los partidos cumplieran lo que se comprometieron a cumplir hace cuatro años y no han cumplido.

Pienso, incluso, que la constitución de la comisión es algo negativo. ¿Qué es lo que pueden pensar los ciudadanos de una reunión, como la del viernes pasado, que se celebra casi inmediatamente después de que se haya roto un pacto, que era mucho más que un pacto antitransfuguismo, en la medida en que se trataba de aíslar a un partido antidemocrático, como el GIL? ¿Es que alguien se puede creer que, si no se ha sido capaz de hacer cumplir un acuerdo nacional o un pacto tan singular como el que se ha roto en Estepona, se va a respetar cualquier cosa que se acuerde en la nueva comisión que se propuso el pasado viernes?

Tal como está el patio, creo que lo mejor es dejar las cosas como están y no removerlas más. Lo único que se consigue con la constitución de nuevas comisiones es hacer más visible la suciedad y erosionar todavía más la confianza de los ciudadanos en los partidos políticos. ¿O es que alguien duda de que, llegado el momento, se encontrará la explicación pertinente para justificar lo que se tenga que justificar? ¿Cree alguien que la existencia de la comisión habría evitado la moción de censura en Estepona? Si de verdad se quisiera arreglar el problema del transfuguismo, se habría arreglado ya. Y si se lo quiere arreglar de cara al futuro, no es necesario constituir comisión alguna.

No se lo que pensarán los lectores, pero la foto de la reunión del pasado viernes en el Parlamento publicada en los diferentes periódicos, me pareció insultante. Los ciudadanos somos pacientes y comprensivos. Pero tontos no somos. Una cosa es tener paciencia y comprensión y otra distinta que estemos dispuestos a dejarnos tomar el pelo.