Patriotismo constitucional: Aznar en Estepona

En Madrid se habla, en círculos políticos y académicos, sobre el patriotismo constitucional, un concepto desarrollado por Jürgen Habermas, quien lo había recibido a su vez de Dolf Sternberger, otro autor alemán que propone a la sociedad alemana un concepto, patriotismo constitucional, elenco de valores democráticos que restañe las heridas del pueblo alemán, que había pagado y hecho pagar a muchos, por un patriotismo identitario devastador para Europa y el mundo.

Esta imagen se nos hace conocida, pues nuestra realidad tras la dictadura tenía bastantes analogías con la alemana. El patriotismo así comprendido viene a significar la aceptación de valores como la libertad, la igualdad y la aceptación del Estado de Derecho. En definitiva, la aceptación de unas reglas del juego democrático.

En España, uno de los primeros en manejar en la política el concepto de patriotismo constitucional fue el senador socialista Juan José Laborda. El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, ha teorizado sobre la necesidad de lograr unificar intereses alrededor de estos valores. Ahora, el PP intenta apropiarse aquí en la política española del concepto y, como es evidente, de manera excluyente. El presidente Aznar ha encargado incluso una ponencia al respecto.

El debate, sin dudas, nace cargado de interés porque en la política española es necesario incrementar los espacios dedicados a la defensa de la política, de la ética, de lo público, a la promoción de los valores como la libertad, la solidaridad y las reglas limpias para el juego democrático. En España hay formaciones políticas que convierten lo 'identitario' en la base de su existencia y frente a esto es preciso incrementar los espacios de valores que superen el concepto de patriotismo tradicional. Pero es preciso someter a verificación todas las grandes declaraciones.

Ahora el PP ha iniciado en Andalucía una ofensiva política para lograr, a cualquier precio, alcaldías de municipios litorales, que entrañan un gran interés económico por su potencial turístico e inmobiliario. En el caso de Cádiz, el PP gobierna sin haberlo ganado en las urnas, con alianzas diversas y oscuras e integrada por tránsfugas de distinto origen, los siguientes municipios: Tarifa, San Roque y La Línea. Ahora además acaba de ganar una moción de censura en Estepona con el apoyo de los concejales del grupo GIL. Esta generalización de alianzas cargadas de tránsfugas tiene la singularidad de que el PP legaliza y legitima el origen, los objetivos y las prácticas del grupo GIL en los ayuntamientos andaluces.

Surgen varias preguntas: ¿es compatible la defensa del patriotismo constitucional con prácticas despreciables como el acuerdo para tapar las irregularidades y presuntas corrupciones de concejales del GIL en el Ayuntamiento de Estepona? ¿Es correcto que el presidente del Gobierno, señor Aznar, alardee de defensa de una Constitución y ampare estas prácticas indignas de un país democrático en la Unión Europea del siglo XXI?

Parece que el PP ha llegado a un nivel preocupante de desprecio hacia la opinión pública y al resto de fuerzas políticas cuando es capaz de romper los acuerdos sobre el transfuguismo, acuerdos anti-GIL, y maltratar un sentido elemental sobre la ética y la moralidad en el ejercicio público, y al mismo tiempo realizar declaraciones pomposas sobre las excelencias de la democracia.

El ponente de política social del Congreso del PP será el alcalde de Las Palmas, señor Soria, quien acaba de expulsar irregular e ilegalmente a centenares de inmigrantes africanos hacia la Península; el secretario general del PP, señor Arenas, se ha encargado de defender el pacto PP-GIL y la cuadratura del círculo es amedrentar al rector de Sevilla con descalificaciones e insultos por oponerse a la Ley de Ordenación Universitaria. Todo ello en un ambiente de continuas amenazas diversas, querellas incluidas, hacia la oposición política y algunos periodistas.

Dios nos coja confesados si estos defensores del patriotismo constitucional siguen derivando de este concepto una práctica cercana a la ilegalidad, que desprecia la esencia de la democracia e insulta a la opinión pública. Más que de patriotismo constitucional, en el PP deberían hablar de una nueva disciplina del derecho: la derecha urbanística.

Alfonso Perales Pizarro es consejero de Gobernación