Enseñanza recurrirá contra la sentencia que anula su política de nombramientos

Enseñanza recurrirá contra la sentencia que anula el modelo de nombramiento de docentes instaurado para desarrollar los planes estratégicos elaborados por el departamento que permitía a los directores de los centros asignar para un puesto a un determinado profesor, aunque no cumpliera los principios básicos que rigen la función pública. La sentencia cayó como un jarro de agua fría sobre la consejera Carme-Laura Gil, quien, tras años de reuniones, desencuentros y movilizaciones, presentaba el acuerdo suscrito con tres de los cinco sindicatos del sector sobre la mejora de las condiciones laborales del profesorado.

La consejera, sin embargo, no se arredró y aseguró que -'obviamente'- va a recurrir contra la sentencia. Gil dijo que en el ámbito judicial 'es difícil entender' que el objetivo de la resolución anulada por el Juzgado de lo Contencioso administrativo número 5 de Barcelona no es otro que 'dar más autonomía y propiciar la formación de equipos pedagógicos en cada centro'.

La juez instructora del caso, Sonia Martín Alba, declara nula la resolución de Enseñanza por 'no ajustarse a derecho' y porque 'no se ha expuesto por la Administración razón alguna' que justifique el nombramiento de puestos de trabajo a propuesta del director. 'Intentaremos hacer entender el porqué de nuestra acción', aseguró la consejera. 'Si el nuevo recurso nos es contrario, buscaremos otra vía para conseguir más autonomía, calidad y singularidad para los centros', añadió.

La titular de Enseñanza presento el acuerdo firmado por la Generalitat y CC OO, UGT y CSIF como 'un reconocimiento público a la tarea de los maestros'. El acuerdo pone fin a un año y medio de intensas negociaciones y supone, básicamente, un incremento salarial para los profesores de la enseñanza pública no universitaria de 18.000 pesetas mensuales a lo largo de los próximos dos años, de modo que los maestros catalanes ya no serán los peor pagados de España, como se encargó de recordar ayer Jaume Graells, de UGT. El coste para el erario público será de 15.000 millones de pesetas.

Sin embargo, USTEC y ASPEPC, la primera y tercera fuerza sindical del sector, no rubricaron el acuerdo. 'No sólo es cuestión de dinero', explicó ayer el portavoz de USTEC, Carles Martínez, 'los profesores están quemados con demasiados asuntos como el excesivo número de alumnos o el ambiente en las clases, y un aumento de sueldo no lo arregla todo'. Luz Jabardo, de CC OO dijo que el acuerdo es 'un paso adelante' para la enseñanza pública.