Urbanismo aprueba la 'ciudad financiera' del SCH en Boadilla

El Gobierno regional ha levantado el veto que había impuesto al futuro campus financiero (280 hectáreas) del banco Santander Central Hispano (SCH) en Boadilla del Monte. La Comisión de Urbanismo regional rechazó en marzo pasado modificar parcialmente el plan general de Boadilla, porque consideraba que una recalificación de estas dimensiones -diez veces su casco urbano- requería un plan general nuevo. Ahora, Urbanismo, tras estudiar la nueva propuesta municipal del plan, le ha dado su visto bueno.

La Comunidad ha aprobado definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte (20.000 habitantes). Sólo ha dejado en suspenso dos áreas residenciales (Cortijo Norte y Cortijo Sur), donde el Ayuntamiento tenía previsto levantar 1.543 viviendas. La razón de esta suspensión temporal es la falta de un informe medioambiental del parque regional del Guadarrama y otro de la Consejería de Medio Ambiente, ya que los desarrollos urbanísticos previstos pueden afectar al parque natural.

Pero, con la nueva aprobación de la mayor parte del plan general, el Ayuntamiento ha conseguido, por fin, que la Comunidad dé luz verde a la recalificación de las 280 hectáreas donde el banco Santander Central Hispano (SCH) pretende construir su campus financiero. En el futuro, el banco quiere trasladar a Boadilla sus principales sedes y levantar grandes zonas de oficinas y ocio para unos 7.000 empleados. La inversión prevista ronda los 35.000 millones de pesetas.

Revisión completa

El Ayuntamiento intentó en 1999 recalificar las 280 hectáreas propiedad del banco para permitir la construcción del citado complejo financiero. Pero la Consejería de Urbanismo consideró en marzo de este año que una recalificación de esas dimensiones obligaba a revisar por completo el plan urbano. Por eso, el Ayuntamiento, que ya tenía muy avanzado el nuevo ordenamiento urbano, tuvo que cambiar de nuevo el planeamiento, aprobarlo en pleno y someterlo a información pública. Este documento es al que ahora ha dado el visto bueno la Comunidad.

El gobierno municipal, una coalición entre PP e independientes, tiene, a partir de ahora, un plazo de seis meses para devolver la parte suspendida del plan a la Comunidad, incorporando los informes medioambientales que faltan.

Según el grupo socialista de la localidad, el nuevo plan general tiene 'múltiples defectos e irregularidades'. La portavoz del PSOE, Carmen Gómez, opina que el plan no debe entrar en vigor hasta que el Ayuntamiento no consiga su aprobación completa.