Consell y PSPV apuestan por un pacto político en I+D

'El sistema de comunicación entre las instituciones públicas y el dinero de la empresa no funciona', considera José Pío Beltrán, vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), para quien 'existe un déficit de dinero privado en el sistema de Investigación y Desarrollo (I+D) español en general, y en particular en la Comunidad Valenciana'. Todas las cifras coinciden en que la inversión privada a nivel autónomico representa sólo el 32% del volumen totalde I+D, que en 2000 ascendió a 60.067 millones'. El reto de elevar el gasto actual del 0,62% del PIB al 2% en 2000, comprometido por Eduardo Zaplana, es complicado a medio plazo -dada la estructura productiva integrada en un un 93,3% por microempresas- pero no imposible, opinan diversos actores del sistema.

El subsecretario autonómico de Ciencia y Tecnología, Javier Quesada, y el responsable de Innovación del PSPV, José Ignacio Pastor, coincidieron el viernes en una mesa redonda en la Universidad de Valencia en la necesidad de que 'el partido en el Gobierno y la primera fuerza de oposición no hagan de la I+D una batalla política' y aboguen 'por un pacto que impulse el sistema valenciano'. Aunque para ello consideran necesaria 'la ampliación de la esfera competencial', de cara al competitivo escenario que plantea el VI Programa Marco de I+D , y antes de que se cierre el grifo de los fondos europeos en 2006.'Me alegra muchísimo escuchar esto desde el partido que gobierna y desde la primera fuerza de oposición', remató José Pío Beltrán, el pasado viernes durante la clausura del debate sobre financiación de la ciencia, celebrado en el nuevo aulario de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia. 'Hace tiempo que los investigadores venimos diciendo que la investigación y el desarrollo no pueden ser motivo de la batalla política', subrayó desde su responsabilidad como investigador y como vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), después de escuchar del responsable autonómico de política científica, Javier Quesada, que: 'Desde la Administración valenciana, estamos dispuestos a un 'contrato social' en materia de I+D con el principal partido de oposición'.

Ésta fue la respuesta del subsecretario valenciano a la segunda oferta en público que hace la ejecutiva del PSPV-PSOE en aras de un 'contrato social' reiterada el viernes por el responsable de Innovación, José Ignacio Pastor como espectador de un debate, en el que, por cierto, ningún político militante del PP aceptó la invitación a participar en tribuna.

Aunque desde las filas socialistas, el reto fue doble, ya que la vicepresidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados, Montserrat Palma, se pronunció, además, por impulsar cambios que vayan en el sentido de 'ampliar el marco competencial de la Generalitat valenciana', con el objetivo de 'mejorar la coordinación de las distintas administraciones autonómicas y estatales' para hacer más competitivo el sistema de I+D.

Sin embargo, Palma reconoció que desde la oposición y desde los ejecutivos autonómicos esta última tarea no será fácil, en vista de la posición cada vez más centralista del Gobierno de Madrid, como ha quedado reflejado esta misma semana. 'El modelo de financiación autonómica que se ha cerrado no resuelve las necesidades de las comunidades autonómas para captar y generar más recursos para sus sistemas regionales de I+D'.

Quesada recordó que el Gobierno valenciano es consciente de las defiencias estructurales generadas por un estatuto competencial que cedió la gestión del sistema universitario y de investigación y desarrollo a la Comunidad, pero no transfirió las competencias financieras correspondientes. 'La política de la Generalitat en materia de investigación tecnológica y científica está basada en dos pilares', explicó entonces, 'por un lado, en la fortaleza de la investigación que se produce en las universidades, departamentos y organismos públicos y de investigación [como el mismo CSIC o los institutos tecnlógicos] y, por otro, en un sector privado, efectivamente, estructurado en pymes de menos de seis empleados, pero que ha sido por trayectoria un sector abierto, abierto, innovador y, por tanto, competitivo'.

'Aunque desde el punto de vista de la gestión del sistema valenciano de I+D tenemos las competencias tranferidas, no tenemos competencias directas en financiación autonómica', reconoció Quesada, al pedir un esfuerzo al sector empresarial valenciano para que en 2006, la financiación privada pase del 32% actual al 50%, y 'contando con que el Gobierno central cumpla con los objetivos del Plan Nacional de I+D'. Por la parte que le toca 'al Gobierno autonómico, Quesada aseguró que 'el Presupuesto de 2002 se plantea que la I+D crezca de forma sostenida mediante dos fórmulas que buscan el objetivo de 'gastar más, pero también mejor'.

Por ello, precisó, 'la creación de la Consejería de Innovación supone por un lado, una financiación adicional para el sistema de I+D+i de unos 9.000 millones' y, por otra, un cambio en el modelo de gestión en cada departamento de la Generalitat valenciana, que tiene estipulado un 5% para proyectos concretos de investigación y desarrollo'.

La política de subvenciones, ya no funciona. Al menos, ésta fue la coincidencia entre científicos y gestores políticos. El desarrollo de un futuro Parque Científico de la Comunidad Valenciana, que en este momento negocia el Consell con Madrid, para hacerse con un bocado importante de créditos a proyecto desarrollado, que el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene que resolver en los próximos días, es uno de los retos. El parque científico -según fuentes universitarias- abarcaría la ampliación del terreno para los institutos de investigación que la Universidad de Valencia tiene en Paterna, el desarrollo de la Ciudad de la Innovación en el campus de Vera de la Politécnica, y la integración de la red de institutos tecnológicos que antes dependían del Instituto Valenciano de la Pequeña y Mediana Empresa (Impiva) y que desde octubre han pasado a depender directamente de la subsecretaría de Ciencia. El otro reto, más difícil respecto al modelo de Madrid, es lograr que en la concepción de la futura Ley de la Ciencia, el Gobierno facilite el encaje de figuras como el Estatuto del Investigador, para crear un plantilla estable de científicos valencianos.