La Junta propone ceder las depuradoras a empresas para desbloquear su ejecución en más de 200 pueblos

Los plazos marcados por la UE para garantizar la depuración de aguas residuales se echan encima y a la Junta no le salen las cuentas. A sólo cuatro años de la fecha límite de 2005, aún hay más de 200 municipios, cerca de un 30% de la población andaluza, en los que ni tan siquiera se ha iniciado la obra. La escasez de fondos de los Ayuntamientos ha bloqueado las actuaciones de la Junta que, en todo caso, tampoco dispone de recursos suficientes para cumplir el objetivo. Para buscar una salida al callejón, la Consejería de Obras Públicas propondrá en 2002 a estos Ayuntamientos la firma de convenios para ceder la construcción y explotación de las depuradoras a empresas, públicas o privadas, que adelanten 100.000 millones de inversión pendiente.

Obras Públicas pretende aplicar para las depuradoras una fórmula muy similar a la que ha anunciado para las líneas 1 de metro en Sevilla, Málaga y Granada: la cesión a empresas de la construcción y gestión de un servicio público que, una vez en marcha, las Administraciones subvencionarán en función de su utilización para garantizar un precio social. De hecho, la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2002 incluye un artículo en el que regula los convenios con las 'entidades locales' que prevé el uso de concesiones administrativas para 'infraestructuras de transporte de interés metropolitano e infraestructuras hidráulicas'.

Al igual que en el metro, el principal problema es que las Administraciones se han fijado un objetivo, en este caso incluso con fecha de caducidad, pero no tienen o no destinan dinero suficiente para hacer frente a las obras. Cuando en 1995 se firmó el plan nacional de depuración y saneamiento, el Gobierno central asumió la construcción de las plantas en 'zonas de interés general' y la Consejería de Medio Ambiente se encargó de las poblaciones incluidas en parques naturales o parajes de especial protección. El resto (la mayoría) debía ser cosa de los Ayuntamientos, con 'el auxilio' de la Consejería de Obras Públicas.

Seis años después el balance dista de ser satisfactorio. Bien es verdad que el 70% de la población andaluza cuenta ya con algún sistema de depuración, cuando en 1992 apenas alcanzaba al 28% y, mayoritariamente, las aguas residuales acababan en ríos o en el mar. Pero a cuatro años de la fecha marcada por la UE, tan sólo en las localidades ubicadas en parques naturales el ritmo de construcción permite anticipar que se conseguirá el objetivo. En las cinco 'zonas de interés general' -entorno de Doñana, Campo de Gibraltar, Costa del Sol, Campo de Dalías y valle del Guadiaro-, al Gobierno central le queda ejecutar cerca de la mitad de la inversión prevista (86.750 millones).

Es sin embargo en las depuradoras que deben construir los Ayuntamientos con auxilio de Obras Públicas, donde están los mayores problemas. No tanto por la inversión pendiente (que tampoco llega a la mitad de los 175.000 millones previstos), como porque hay más de 200 pueblos en los que no se han iniciado las obras.

'Con este instrumento de gestión queremos blindar a los Ayuntamientos frente a la demagogia que generan los temas del agua', explica Juan Corominas, secretario general de Aguas de Obras Públicas. El bloqueo de los gobiernos municipales 'no conformes', que tienen la competencia sobre la gestión de las depuradoras, se deben exclusivamente a cuestiones económicas.

Tarifas impopulares

Los Ayuntamientos, en general deben aportar el 40% de la financiación de la obra, que cuesta de media unas 50.000 pesetas por habitante, aunque en algunos casos Obras Públicas ha puesto hasta el 80% de los fondos. Pero aún con este 'auxilio', muchos gobiernos municipales se resisten a construir las depuradoras por falta de fondos. Desde 1996, la Junta faculta a los Ayuntamientos para incluir un canon de mejora en la tarifa del agua para sufragar la construcción, pero su aplicación ha resultado muy impopular y ha sido usada como argumento por la oposición, como ocurrió en el Ayuntamiento de Jaén hace semana y media.

Las comarcas del litoral y las grandes ciudades (salvo Cádiz) cuentan ya con depuradoras en marcha. Pero los problemas se concentran en el interior: en Jaén, Córdoba y Granada, un tercio de la población vive en municipios donde no se han iniciado las obras. La pretensión de Obras Públicas es que estos Ayuntamientos se organicen en entes supramunicipales y convoquen concursos para ceder a empresas públicas y privadas no sólo la construcción, también la explotación. 'Si las empresas repercuten el coste de sus servicios, se podría pasar de tarifas de 15 pesetas por litros a 80 pesetas por litro; la subvención rebajaría ese precio hasta las 40 pesetas', ejemplifica Corominas. Con este instrumento, la Junta también se beneficiaría del adelantamiento de inversiones. Su presupuesto anual para estas obras ronda los 10.000 millones y tiene pendientes de aquí al 2005 más de 60.000.