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Reportaje:

Las contradicciones de Isaías

Saldaña rebajó en una semana 'las amenazas y chantajes' de la FARA a meras presiones

El consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, cree que la lluvia de críticas que han caído sobre su departamento tras la detención de la directiva de la Federación de Asociaciones Romaníes de Andalucía (FARA) obedece a la transparencia con que abordó el caso. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que subvencionó con 60 millones de pesetas en 1998 y otros tantos en 2000 a la entidad a cuenta del IRPF, ha mantenido un hermetismo absoluto sobre la detención de Luis Payo, inspector de subvenciones de ONG del ministerio, que está en libertad bajo fianza de 500.000 pesetas e imputado por un supuesto delito de infidelidad en la custodia de documento público. El ministerio ni siquiera ha aclarado si el funcionario instruyó el expediente informativo abierto a la FARA en 1999, que se cerró sin que se descubriesen anomalías, y tampoco se pronunció tras la operación policial contra la FARA por blanquear dinero, desviar fondos de subvenciones públicas hacia cuentas particulares de algunos directivos y coaccionar a cargos públicos. A pesar de que Pérez Saldaña sí ha hablado reiteradamente del caso, sus declaraciones sobre las amenazas y la denuncia de las mismas han resultado claramente contradictorias.

Ayudas restringidas

En Granada, al día siguiente de la detención del presidente de la FARA, Vicente Rodríguez, y otros directivos en Málaga, Pérez Saldaña dijo en una conferencia de prensa: 'Fuimos objeto de amenazas y chantajes'. 'Ellos indicaban que los programas gitanos los tenían que llevar exclusivamente ellos. Esa circunstancia la denuncié al juzgado número 7 y esto aún está formando parte de las denuncias contra miembros de la FARA'. Ese mismo día, en una entrevista concedida a este diario, explicó que este año la consejería restringió las ayudas a la FARA y 'eso llevó a una confrontación mayor que llegó hasta la amenaza y coacción a un alto funcionario de la Consejería'. Y agregaba: 'Coincidió con las mismas fechas, en el mes de mayo, cuando se estaba produciendo la reivindicación de este colectivo. Tengo un documento en el que se intentaba violentar al consejero para que cambiara a gente, a jefes de servicio, porque lo que querían era cambiar la voluntad del Gobierno'.

Casi una semana después, en Málaga, rebajaba las amenazas y chantajes a la categoría de meras presiones: 'Claro que hemos aguantado presiones, presiones de no aceptar que un jefe de servicio yo lo cese, que ponga un asesor gitano a cambio de ese jefe de servicio, que me metan 500 gitanos en la consejería si no acepto esos planteamientos, si todo el conjunto de los programas gitanos nada más se hace con ellos'. A la pregunta de si no consideraba eso delictivo, respondía: 'En el nivel político eso no es una amenaza, eso es una presión que ejercen montones de empresas. Estamos acostumbrados a empresas que se encierran presionando a los que tenemos la responsabilidad'.

Denuncias

La reacción de Asuntos Sociales ante las presiones o amenazas de los directivos de la FARA tampoco parece clara. En Granada, el consejero dijo que hacía cinco meses que trabajaban con el Juzgado de Instrucción número 7 de Málaga, que instruye el caso: 'Nosotros somos acusación. Acusamos hace cinco meses en las diligencias previas a través de un funcionario que fue objeto de extorsión, y de mi mismo, porque también se me intentó presionar'. En la entrevista señaló que 'pusimos en conocimiento de la autoridad judicial la información que se nos solicitó y complementariedad de las amenazas que ya hoy aparecen dentro de las denuncias'. Sobre la presentación de denuncias, dijo: 'Yo he hablado con el juez. Cuando se produjo la información por parte judicial y como nosotros estábamos en una situación difícil de amenazas y coacciones, optamos porque el funcionario se personara ante el juez y pudiera testificar en las investigaciones previas'.

En Málaga dijo el pasado miércoles que 'cuando aparece un expediente judicial es cuando evidentemente yo facilito al juez que este trabajador, este responsable de servicio, pueda dar información de todo ese sistema de presiones que ha recibido'. Cuando le inquieren si denunció formalmente las presiones o amenazas dice que 'yo he denunciado a quién he tenido que denunciar que era el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Si hubiera habido algo que no fuera simplemente eso, hubiera habido un acto delictivo, claro que lo hubiéramos denunciado'.

Con información de Lola Quero (Granada).

La incógnita de Leal

La detención de José Manuel Leal Sabido sembró el pasmo entre el personal de la Consejería de Asuntos Sociales, y también fuera. Leal, histórico militante del PSOE de Sevilla, ha ocupado puestos de responsabilidad en la Junta de Andalucía como la delegación provincial de Cultura en Sevilla. Desde hace años, antes de que Asuntos Sociales se desgajara de Trabajo, estaba al frente de la secretaría para la Comunidad Gitana como jefe de servicio. Y era el funcionario cuya destitución exigían los directivos de la FARA, según el consejero, porque le veían un obstáculo para acceder a más fondos. Su detención, bajo la acusación de malversación, resultó por tanto muy sorprendente y, a decir de la consejería, extraña teniendo en cuenta que no está imputado por el juez instructor. Dos consejeros, Isaías Pérez Saldaña y Carmen Hermosín, han defendido su trabajo, a pesar de que la policía le considera colaborador necesario para que la FARA accediese a ayudas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 18 de noviembre de 2001

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