El CAC insta al Parlament a elaborar la ley del audiovisual para que Cataluña no quede rezagada

El presidente del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), Francesc Codina, dio ayer un toque de atención a los diputados instando al Parlament a elaborar la ley del audiovisual. Los grupos políticos se comprometieron a confeccionar esta norma a raíz del debate monográfico sobre los medios de comunicación celebrado en diciembre de 1999, pero los trabajos aún no han empezado. Codina cimentó su reclamación en la necesidad de que el sector precisa un marco normativo definido para invertir y evitar así que Cataluña no pierda también el tren de la industria audiovisual.

Durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria de control de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV) para hacer balance de la actividad del organismo durante el último año, el presidente del CAC dijo que la elaboración de la ley del audiovisual 'es primordial' para que el sector sienta seguridad y se anime a promover proyectos. 'Mientras la indefinición normativa y de modelo agrava las dudas de orden tecnológico, financiero y empresarial', señaló, 'Cataluña puede acumular retrasos'. Codina recordó además que el Congreso prepara una ley del audiovisual que, si Cataluña no se apresura a aprobar la propia, podría funcionar como ley de bases y, por tanto, limitar las competencias de la normativa autonómica.

El debate monográfico sobre el modelo audiovisual catalán concluyó hace dos años con el compromiso por parte de los parlamentarios de confeccionar tres leyes por este orden: la de creación del nuevo CAC -que se aprobó en un tiempo récord-, la de reforma de la CCRTV y la del audiovisual. El debate sobre la segunda está bloqueado desde mayo, y ni siquiera se ha empezado a trabajar en la tercera.

El presidente del CAC insistió en la urgencia de que los diputados aborden los trabajos sobre la ley del audiovisual. A su juicio, Cataluña ha perdido demasiados trenes en este ámbito. Recordó que en Madrid se concentraron las telecomunicaciones por el monopolio de Telefónica; el franquismo también situó la televisión pública en la capital del Estado; ya con la democracia, las concesiones de las tres primeras televisiones privadas recayeron de nuevo en empresas de Madrid, y también las dos plataformas digitales. 'Cuando era de esperar que sería posible instalar en Barcelona la televisión digital terrestre de ámbito estaltal, tampoco el Gobierno central lo propició', lamentó Codina.

Sólo los tres grupos de la oposición -PSC-Ciutadans pel Canvi, Esquerra Republicana e Iniciativa-Verds- recogieron el guante lanzado por Codina. 'Ustedes nos dan un toque de alerta, y tenemos la obligación de atender su demanda', respondió Dolors Comas (IC-V).

Cambio de orden

'Las diferencias que estamos teniendo con la reforma de la ley de la CCRTV, probablemente no se darían con la ley del audiovisual', apuntó Josep Bargalló, de ERC, que se mostró asimismo de acuerdo en empezar los trabajos sobre dicha norma. Por su parte, el socialista Joan Ferran se sumó a la necesidad de abordar la elaboración de la nueva ley. 'Habría que pedir a la ponencia que cambie el orden de confección de las leyes', dijo. Ni el portavoz del PP, Ricard Fernández Déu, ni el de CiU, Lluís Recorder, expresaron públicamente cuál es su postura al respecto.

Otro asunto del que habló Codina fue el de la colisión que durante este año se ha producido en algunos casos entre el CAC y la Dirección General de Radiodifusión de la Generalitat por lo que respecta a competencias sobre los medios. Para evitar que ello entorpezca la actividad de la autoridad audiovisual, el CAC ha pedido un dictamen a la comisión jurídica asesora, dependiente del Gobierno catalán, para que establezca 'cuál es el alcance competencial' que aún corresponde al Ejecutivo autónomo tras la creación del CAC.

El diputado socialista Joan Ferran expuso la preocupación de su grupo por el hecho de que se dé esta colisión de competencias, y criticó el modo de actuar de la Dirección General de Radiodifusión. Se refirió en concreto al plan de frecuencias de radio digital terrestre pactado con el Gobierno central, del que no se han enterado 'ni el CAC ni el Parlament'.