La 'diada' universitaria
El 13 de noviembre pasado quedará como una fecha señalada en la historia universitaria de Cataluña. De cada seis estudiantes universitarios se manifestó uno, según los datos de la Guardia Urbana, que tiende a restar cuando cuenta. Fue la diada de la Universidad catalana contra la política universitaria del Partido Popular y su cómplice, Convergència i Unió. La libertad de la Universidad no debe ser coartada por ningún intervencionismo gubernamental de signo claramente partidista, y esto es lo que está sucediendo con la actuación de Pilar del Castillo y el Gobierno del PP. La Universidad no es una institución al servicio del Gobierno de turno. Hoy estamos ante una ley arbitraria y partidista, aprobada contra la voluntad de la inmensa mayoría de la comunidad universitaria. Es una ley que se ha tramitado a tal velocidad que más bien se parece a un decreto ley. Pilar del Castillo quiere emular a aquel ministro de la Restauración, el marqués de Orovio, que también quiso acabar en su tiempo con los progres infiltrados y dio motivo para la creación de la Institución Libre de Enseñanza, hace precisamente 125 años.
Como a su antecesor en la Restauración, habrá que agradecerle a Pilar del Castillo su provocación. Está consiguiendo despertar a la Universidad española de un profundo sueño. Muchos nos habíamos convencido ya de que la Universidad (como la sociedad en que vivimos) era una combinación de desidia colectiva y de soluciones individualistas. Pero Pilar, la antigua militante de Bandera Roja que ha hecho una 'evolución de manual' hacia el Partido Popular, según su propia opinión, nos ha devuelto el sentido colectivo de que sólo se resuelven los problemas entre todos, y no viviendo en la rutina y la pasividad.
Que la Universidad española tiene todavía serios y graves problemas nadie lo duda, pero quien la conozca un poco, aunque sea muy poco, sabe que el principal problema no es la elección del rector. También se sabe, desde Max Weber hasta nuestros días como mínimo, que el problema de la selección y promoción del profesorado es insoluble y que en todas partes se cometen injusticias. Tampoco es la cuestión más importante que tienen planteada nuestras universidades. Además, las pruebas de habilitación que se proponen representan una vuelta al pasado. No son ninguna novedad y se repetirán, por lo tanto, las muchas arbitrariedades que ya se produjeron en otros tiempos.
De todos modos, la ley es impugnable especialmente por lo que no hace. Los dos grandes errores de la Ley de Reforma Universitaria de 1983, la infravaloración de la docencia y la vía funcionarial, son apenas corregidos. La Universidad de funcionarios es un error, y la experiencia lo demuestra ante el hecho evidente de que cada profesor funcionario (titular o catedrático) decide su nivel de rendimiento en el trabajo sin que haya forma de poner coto a los que no se ganan el sueldo que cobran. El problema de la docencia es todavía más grave. Se ha valorado la investigación a costa de la docencia. Parece que no es importante la enseñanza de un millón y medio de estudiantes universitarios en España. ¿Por qué la ministra no ha leído el informe Bricall? Tantas cosas y tan bien dichas están escritas en este informe sobre la enseñanza universitaria que es una pena su olvido por razones de sectarismo político.
Pero hay algo sorprendente en esta ley del PP y CiU: el nuevo sistema de elección del rector. A primera vista, uno diría que Pilar del Castillo ha revivido por un instante su pasado revolucionario bajo el eslogan Más democracia en la Universidad. El sistema actual ya es democrático, y con una cláusula en muchas universidades que ya quisiera yo que la terminara cumpliendo José María Aznar: la limitación de dos mandatos consecutivos. ¿Por qué cambiar lo que ya funciona? No veo más que dos razones poco o nada democráticas.
La primera es que la elección directa del rector lo hace autónomo de la Universidad y prisionero de otras instancias externas a ella. Es decir, se produce la paradoja de que el rector gana en autonomía y la Universidad pierde autonomía. Perfecto para los gobiernos y para los poderes privados del mundo de la empresa y las finanzas.
La segunda es más grosera. Basta con mirar los rectores afines al Partido Popular. Son pocos o muy pocos. En Cataluña, ninguno. Si se politiza más el sistema de elección, se aumenta el coste de las campañas electorales y se facilita la intrusión de agentes externos a la Universidad en el proceso electoral, es evidente que el ambiente que rodeará la elección del rector será muy distinto del actual. Pero esto no será bueno para la independencia de la Universidad como una institución libre y autónoma dedicada a la enseñanza y a la investigación.
El problema del gobierno de las universidades no es la elección del rector, sino la función de otros organismos, como los consejos sociales o las juntas de gobierno. La prueba es que el balance que se puede hacer de los rectores que han estado al frente de las universidades catalanas en los años de democracia es muy positivo. Se podría formar un excelente Gobierno de la Generalitat con ellos, sin duda muchísimo mejor que el actual.
Bienvenida sea la movilización de los universitarios. Ya es hora de que la Universidad se defienda contra aquellos que, afirmando servirla, la utilizan para sus intereses privados o ambiciones políticas. La Universidad debe adaptarse a las necesidades de la sociedad y, al mismo tiempo, defender su libertad contra quienes confunden el interés general con su interés particular.
Miquel Caminal i Badia es profesor de Ciencia Política de la UB.
