Microsoft regresa a 1994

Decenas de litigios y miles de millones de dólares después, el amplio abanico de acusaciones que pesaban sobre Microsoft por sus presuntas actividades monopolísticas se ha quedado en los huesos. Ni el Gobierno estadounidense ni los 18 Estados unidos en el caso han logrado probar que la integración de productos informáticos, que fue lo que llevó a la empresa a los tribunales, sea ilegal. La compañía sí debe modificar sus abusivos contratos con los fabricantes de ordenadores, algo que ya debió hacer en 1994.

De las cuatro denuncias iniciales sólo se ha mantenido una: la compañía abusa del poder de Windows

Los expertos en competencia se entusiasman cuando hablan de este caso, que ha estado lleno de recovecos, atajos, argucias legales y complicaciones técnicas. La mayor parte coincide en que los errores del gobierno se resumen en dos: no ha conseguido demostrar que la integración de aplicaciones informáticas en Windows, que era el corazón del caso, haya perjudicado a los usuarios ni a los competidores, porque, en realidad -y éste es el segundo punto-, los acusadores ni siquiera han logrado determinar que exista un mercado de navegadores, que es el que teóricamente trataba de controlar Microsoft. De las cuatro denuncias iniciales del Departamento de Justicia (DOJ), el tamiz de los sucesivos tribunales ha mantenido una: Microsoft utiliza su monopolio en Windows para premiar o castigar al resto de la industria, algo que ya aceptó modificar en 1994, tras otra demanda del gobierno. Así que, después de muchas vueltas y muchos miles de dólares, el caso vuelve donde comenzó.

Las autoridades estadounidenses y Microsoft llevan a la gresca desde principios de los noventa por el uso que la compañía hace del monopolio de Windows, que hace funcionar al 95% de los ordenadores del mundo. Según las denuncias permanentes del gobierno, Microsoft abusa de ese poder para imponer sus condiciones a los fabricantes de ordenadores, que se ven obligados a incluir programas de Microsoft y excluir los de los competidores si quieren que sus ordenadores lleven Windows. Pero el gran caso, que es el que ha llevado a la compañía a los tribunales, comenzó en 1998, y no se centraba en la conducta de Microsoft. El gobierno iba más allá: quería modificar sus productos.

Netscape había diseñado un programa que permitía a los usuarios viajar de forma comprensible por Internet, el navegador Navigator. Microsoft reaccionó entonces como muchas otras veces, es decir, observó, comprobó que el programa sería fundamental para popularizar el acceso a Internet, construyó su propio navegador y lo integró en su sistema operativo Windows.

La importancia del 'navegador'

No era nada nuevo. Microsoft siempre dice que sus usuarios tienen derecho a obtener más y mejores programas cuando compran Windows. Pero el navegador tenía una peculiaridad. A diferencia de otras aplicaciones, como las hojas de cálculo o los procesadores de textos, este programa puede funcionar como un sistema operativo, así que los fabricantes de software podrían escribir aplicaciones para él y escapar de la dictadura de Windows. Como se demostró en el juicio, Bill Gates estaba 'furioso' ante la posibilidad de que este simple navegador matara a Windows. Así que decidió integrar ambos productos.

La Administración Clinton vio un caso redondo y denunció a la compañía por violar los dos artículos más importantes de la Sherman Act, la ley antimonopolio estadounidense. Las denuncias eran cuatro:

- La inclusión del navegador en Windows es ilegal, ya que se trata de dos negocios separados.

- Microsoft excluyó a Netscape de este mercado.

- Microsoft utilizó tácticas anticompetitivas para mantener su monopolio en los sistemas operativos para PC.

- Microsoft utilizó tácticas anticompetitivas para obtener otro monopolio en los navegadores.

Desde el primer momento, Microsoft vio muy clara su defensa. Como explica Atilano Jorge Padilla, director en España de Nera, una consultora económica que ha asesorado a Microsoft en todo el proceso, la compañía defendió la idea de que el mercado de los sistemas operativos y los navegadores es uno solo: el de las plataformas de software. Para demostrarlo se basó en competidores como Oracle, que integra aplicaciones en su base de datos, o AOL, que utiliza su red para distribuir los contenidos de Time Warner. La integración es una práctica habitual, repetía Microsoft.

Pero el juez Thomas P. Jackson no se creyó sus argumentos. En 2000 publicó una durísima declaración en la que consideraba probados los cuatro puntos denunciados por el DOJ, excepto el segundo. Después decretó la sanción: la compañía debía dividirse en dos empresas, una donde residiera el poderoso Windows y otra con los demás negocios.

Microsoft acudió entonces a la Corte de Apelaciones, y ésta, el pasado junio, le dio la razón al 75%. Consideró que el DOJ no había demostrado que existiera un mercado de navegadores, por lo que la integración no podía ser ilegal, y tampoco había probado que esa integración dañara a los usuarios. Devolvió el caso al tribunal para que volviera a razonar estos puntos, y sugirió al DOJ que buscara un castigo 'más adecuado' que la división. La Corte sí aceptó que Microsoft había abusado de su poder en el mercado de los ordenadores con prácticas abusivas. Es decir, una de cuatro.

El gobierno -ya en manos de Bush- abandonó entonces el gran caso, la ilegalidad de la integración de productos, y se centró en vigilar las prácticas de Microsoft. El acuerdo firmado esta semana va por este camino, y recuerda al de 1994, así que muchos se plantean ahora la eficacia de los tribunales cuando se trata de legislar un mercado que va a una velocidad superior a la suya. Microsoft ha aprovechado estos tres años para aumentar un 40% su facturación y sacar al mercado cuatro sistemas operativos (Windows 98, ME, 2000 y XP). Cada uno de ellos integra más aplicaciones que el anterior.