Las mujeres de El Palmar piden pescar sin que nadie vaya a la cárcel

'No nos gusta haber llegado hasta aquí, no lo deseábamos'. Carmen Serrano se lamentaba ayer de la situación a la que ha llevado el empecinamiento de la Comunidad de Pescadores de El Palmar -entidad que gestiona el derecho a la pesca en L'Albufera- en su negativa de inscribir a cinco mujeres que solicitaron en 1994 por primera vez su derecho a faenar en el lago.

La decisión del juez de ordenar la detención de la directiva de la comunidad por negarse a obedecer una sentencia que les exigía inscribir a las cinco mujeres era, sin embargo, 'de esperar', para Serrano. La solución, según las mujeres, es 'tan sencilla como que inscriban a las cinco mujeres y modifiquen las normas [de la comunidad] para que entren todos los hombres y mujeres que quieran'. A la providencia del juez que dictó la orden de prisión, sin embargo, no siguió el oficio que normalmente se dirige a las fuerzas de seguridad para que se ejecute la detención, según fuentes judiciales, por lo que aún no se habría dado parte a la Guardia Civil, la responsable, en este caso, de llevar a cabo el encarcelamiento. Además, la defensa de los pescadores ha solicitado la suspensión de la ejecución de la sentencia por desobediencia que tienen pendiente -una pena de nueve meses- ya que es inferior a los dos años y carecen de antecedentes penales.

Sin embargo, los letrados de las demandantes no habían recibido ayer ninguna notificación del juez relativa a la petición de suspensión de condena. Para tramitar esta solicitud, el magistrado deberá dar traslado a las partes, fiscal y acusación, para que se pronuncien sobre la suspensión de la ejecución de la pena solicitada por la defensa. La opinión de los abogados que representan a las mujeres es que no es fácil que el juez opte por librar a los pescadores de cumplir los nueve meses de prisión. 'En este momento, pedir clemencia cuando por otro lado se está haciendo todo lo posible para incumplir la ley parece excesivo', subrayaron.

Por su parte, el abogado de los pescadores, Francisco Davó, dijo que confía en que la solicitud de suspensión sea aceptada, ya que se cumplen los requisitos que establece el Código Penal para ello y que 'prácticamente en el cien por cien de los casos se concede'.