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El Banco de España dice que negó una herencia por orden judicial

El director de la sucursal del Banco de España en Alicante, Juan López Arenas, imputado por un supuesto delito de prevaricación y falsedad documental por impedir a un ciudadano cobrar una herencia que le pertenece como legítimo heredero, declaró ayer ante el Juzgado número 5 de Instrucción, que el dinero siempre ha estado a disposición de los beneficiarios y que la entidad bancaria se ha limitado a seguir las instrucciones dictadas por la autoridad judicial, según informó uno de los abogados de la defensa, Jaime Alonso.

Francisco Álvarez Ruiz, vecino de Alicante, presentó una demanda judicial contra la sede del Banco de España en la ciudad, por negarle el cobro de unas letras del tesoro, valoradas en 22 millones de pesetas, que su padre le dejó en herencia tras su muerte en 1997. Fuentes del Banco de España informaron entonces al perjudicado de que la cuenta permanecería congelada con motivo de la existencia de una demanda de filiación, interpuesta por un supuesto hijo extramatrimonial del fallecido. De esta forma, la cuenta sólo se desbloquearía hasta nueva orden judicial.

Álvarez Ruiz acusa al director del banco de un presunto delito de prevaricación y falsedad documental al traspasar el dinero a una nueva cuenta corriente sin su consentimiento. Sin embargo, la defensa alega que la actuación del Banco de España fue 'exquisita, impecable y absolutamente correcta'. El abogado de la entidad precisó que la legislación no permite que las letras del Tesoro figuren a nombre de una persona fallecida, de modo que, continuó, se procedió a un cambio de número de registro, bajo la titularidad de los herederos. 'Gracias a la actuación del Banco de España, que reinvirtió los activos financieros, los beneficiarios han obtenido una importante rentabilidad de cuatro millones, dinero que no hubiera obtenido si la cantidad se hubiese quedado consignada en el juzgado', concluyó.

El Banco de España ha solicitado por escrito al juzgado la entrega del dinero a la autoridad judicial ya que 'la entidad no tiene el más mínimo interés en mantener esas inversiones'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 9 de noviembre de 2001