Los socialistas dicen que ayudar a la RACV tras crear la AVL es como subvencionar a los pirómanos

'Es como si tras dedicar casi 600 millones de pesetas a programas de extinción de incendios, se concedieran 70 a una asociación de pirómanos'. Así argumentó ayer la diputada socialista Trinidad Amorós su perplejidad ante la subvención de 70 millones de pesetas a la secesionista Real Academia de la Llengua Valenciana (RACV) que consignan los Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio de 2002, precisamente de cara al primer año de funcionamiento de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Amorós intentó, sin éxito, que el consejero de Cultura y Educación, Manuel Tarancón, quien ayer compareció ante la comisión de Economía de las Cortes para explicar las cuentas de su departamento para 2002, justificara el importante aumento de la subvención destinada a esa academia -que este año ha recibido 10 millones-, frente a los 550 millones con los que contará la AVL. Un incremento que no explicó el consejero, quien se limitó a señalar que la RACV 'no es una asociación cultural cualquiera', sino que 'nace de las instituciones' y tiene 'una realidad histórica que hay que respetar'.

El funcionamiento de la empresa pública CIEGSA ocupó parte del debate. Los grupos de la oposición señalaron que, en contra de lo que cabría esperar, la intervención de la mercantil encarece hasta en un 30% la construcción de infraestructuras educativas. Un encarecimiento que Tarancón, tras calificar a la citada empresa de 'instrumento eficaz' y depués de considerar lógica la diferencia entre los 'precios aproximados' que se calculan inicialmente y el coste final resultante tras la ejecución de los proyectos, atribuyó a la 'dinámica del mercado'. Pero el diputado socialista Baltasar Vives le replicó que si una desviación pequeña ya cuestiona la idoneidad de un gestor público, una diferencia del 30% hace necesario su relevo.

Los portavoces de la oposición calificaron los presupuestos de clientelistas, privatizadores, antivalencianos, opacos y secretistas, apreciaciones que rechazó Tarancón, quien, frente a la acusación de favorecer a una determinada asociación de padres, aseguró que el Gobierno del PP ha 'equilibrado' las relaciones de poder entre los agentes que intervienen en el sistema educativo.