La Junta creó la FARA en 1988, 'ocupada' por el clan detenido 10 años después

La Federación de Asociaciones Romaníes de Andalucía (FARA) fue creada a instancias de la Junta en 1988 desde la secretaría para el pueblo gitano de Asuntos Sociales. Después de una década de actividad en la que desarrolló un programa de integración escolar, fue tomada casi por la fuerza por el grupo desarticulado por la policía. En noviembre de 1998, durante una reunión de la directiva en Córdoba, se presentó medio centenar de personas, entre ellas una docena de patriarcas, para pedir 'por la ley gitana' la dimisión de la junta, que se llevaron firmada.

En junio de 1988, una de las personas que se ocupaba de la secretaria gitana en la Junta, el maestro Pedro Peña, se convirtió en el primer presidente de la federación. 'Había muchas acciones desperdigadas y por eso promovimos la FARA, para integrar esfuerzos'. Entonces había 16 organizaciones federadas y ahora son unas 50. Peña recuerda orgulloso el trabajo de la primera época: 'Pusimos en marcha un plan de escolarización infantil en el que participaron las consejerías de Trabajo, Educación, Asuntos Sociales y Cultura'.

Pedro Peña, guitarrista y cantaor flamenco, hermano de Juan El Lebrijano, dejó pronto la presidencia -'yo trabajaba en la Junta y me di cuenta de que no podía ocupar los dos puestos'- y fue sustituido a finales de 1989 por el vicepresidente, José Maldonado, uno de los detenidos en la redada de Málaga. Maldonado estuvo al frente de la organización hasta noviembre de 1991, cuando una asamblea forzó su dimisión.

En enero de 1992 es elegido presidente José Carrillo, de Córdoba, que ocupó el cargo hasta noviembre de 1998. En esta época la organización recibía unos 150 millones de pesetas al año de la Consejería de Trabajo, 60 del Ministerio de Trabajo y 40 de Asuntos Sociales. En Andalucía viven unos 300.000 gitanos, la mitad de la población de esta etnia en España; de ellos, 'y un tercio vive en barrios marginales', señala Carrillo. Un informe encargado por la Junta en 1985 apuntaba que sólo ocho de cada 100 niños gitanos estaba verdaderamente escolarizado, mientras en 1998 se llegó a 83.

Carrillo fue reelegido dos veces antes de ser depuesto 'por la ley gitana' en 1998. A finales de ese año es cuando accede a la presidencia el detenido Vicente Rodríguez. Pocos meses después la Consejería transmitió a la secretaría general de Asuntos Sociales del Ministerio sus dudas sobre la integridad de los nuevos directivos. Amalia Gómez, entonces secretaria de Asuntos Sociales, recuerda que 'en ese tiempo no se encontró ninguna irregularidad, ni ningún incumplimiento'. Gómez añade que 'los programas de asistencia social no se puede paralizar sólo con indicios de irregularidades, sino con pruebas'.