El sector privado aplaude la ley sanitaria del Gobierno, que rechazan oposición y sindicatos

La Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad (Loscam), que el Consejo de Gobierno regional tiene previsto aprobar hoy, levanta reacciones encontradas entre los agentes sociales. Mientras las empresas del sector la consideran 'positiva, abierta y moderna', oposición y sindicatos califican el texto de 'ambiguo, poco operativo y peligroso' para la sanidad pública.

'La ley es un paso adelante importante en la integración de la sanidad privada en la atención a los ciudadanos', afirma Antonio Bartolomé, presidente de la Asociación de Clínicas privadas de Madrid. Elena Arias, directiva de IDC, empresa que tiene proyectada la apertura en Alcorcón de una clínica de 80 camas con una inversión de 2.400 millones de pesetas, comparte esta opinión: 'Es un texto abierto que integra a todos los actores de la sanidad y articula positivamente la participación del sector privado en la atención a los ciudadanos', sostiene Arias.

Los centros privados concertados se integrarán el próximo año en la nueva Red Sanitaria Única de Utilización Pública, formada por todos los centros que atiendan a los pacientes con cargo a la sanidad pública. Entre ellos estarán también los 17 hospitales del Insalud y los que ya gestiona la Consejería de Sanidad (como el Gregorio Marañón). Cada uno de ellos mantendrá su propia personalidad jurídica y entre ellos se producirá una 'coordinación y competencia regulada' para la atención a los ciudadanos, según establece el artículo 6.g. de la Loscam.

Los ciudadanos acudirán a un centro u otro según las actuales áreas sanitarias, aunque gozarán de mayor libertad cuando entren en funcionamiento las agencias sanitarias. Éstas establecen el derecho a la libre elección de médico y de centro y a recibir una segunda opinión médica. En los casos en que los centros públicos no puedan atender al paciente antes de seis meses, éste podrá pedir ser remitido a un centro concertado.

'Este modelo permite articular, consolidar y garantizar para el futuro los principios de derecho a la sanidad pública establecidos por la Ley General de Sanidad ', afirma Javier Hernández, director general de Sanidad. Sin embargo, sindicatos y oposición no comparten esta opinión.

'Es un sistema sin un centro de planificación fuerte que prevea las necesidades futuras de lo público. De este modo, no evitará un trasvase excesivo de pacientes a los centros privados', explica Lucas Fernández, portavoz de Sanidad del PSOE en la Asamblea. Gabriel España, secretario de Sanidad de UGT-Madrid, advierte de que 'este diseño tiene un claro riesgo de transferencia de recursos públicos a los centros privados'.

Ambos confiesan su temor de que los centros privados saquen beneficios de los recursos públicos: 'Operar en un hospital público es casi siempre más caro, porque dispone de más equipamientos técnicos y humanos', dice Fernández. 'Esto hace inviable y peligroso que compitan centros públicos y privados para atender a los ciudadanos', añade. El consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, lo niega: 'Exigiremos a los centros privados que quieran concertar sus servicios que tengan, como mínimo, los mismos equipamientos que los hospitales públicos', asegura.

Diferencias salariales

La coexistencia de distintos regímenes laborales en la futura Red Única no gusta a los sindicatos. 'La ley consolida las diferencias salariales entre trabajadores que desempeñen la misma labor en hospitales distintos', afirma España. Echániz ha reiterado en los últimos meses que la unificación de toda la red pública no es aconsejable en al menos dos legislaturas, por la variedad de regímenes laborales, patrimoniales, contables y de información entre los hospitales del Insalud y los que dependen de su departamento. 'Es un grave error que provocará un invierno caliente en la sanidad madrileña', augura Manuel Rodríguez, secretario general de Sanidad de CC OO.

Los médicos tampoco están de acuerdo. 'Esta división convertirá en irrespirable el ambiente laboral en los hospitales. Es insostenible', considera Pablo Martínez, del CESM, sindicato médico mayoritario. Por su parte, Miguel Reneses, coordinador de IU en la región, lamenta que la ley 'no contemple la necesidad de nuevos hospitales en algunas zonas'.