El Gobierno rehusará contratar a empresas con alta siniestralidad

El Gobierno regional, a propuesta de su propio grupo en la Asamblea, quiere convertir en realidad varios de los anuncios que ya hizo el pasado mayo para reducir los altos índices de siniestralidad laboral que registra la región. Una de las principales medidas será impedir que puedan realizar contratos con la Administración aquellas empresas en cuyo historial conste un alto índice de accidentes laborales. En la Comunidad se ha producido un promedio de 5,7 accidentes laborales graves o mortales cada jornada entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año. Cada dos días muere un trabajador.

La medida que propone el PP ya la recogen tanto la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas como la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero hasta ahora sólo era aplicada en casos de infracción 'grave'. Lo novedoso es que los populares piden ahora que la prohibición se extienda para 'cualquier tipo de infracción sancionada de carácter firme'.

El PP, con mayoría en la Asamblea, tiene previsto también instar mañana al Gobierno a que amplíe la plantilla de inspectores de Trabajo y Seguridad destinados en la Comunidad y modifique la Ley General de la Seguridad Social. Actualmente hay 90 inspectores de la Administración del Estado para toda la región, lo que supone uno por cada 25.000 trabajadores. El consejero de Trabajo, Luis Peral, anunció hace unas semanas que aumentaría de 31 a 63 el número de técnicos regionales en prevención de riesgos laborales como parte de un plan especial para combatir la irrefrenable ola de siniestralidad. El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) ha incrementado su presupuesto en 2002 para estos fines en un 132% (hasta alcanzar los 1.801 millones de pesetas, 11 millones de euros).

Según CC OO y UGT, los accidentes laborales se han cobrado la vida de 142 trabajadores entre el 1 enero y el 30 de septiembre de este año. Eso supone un aumento del 36,5% con relación al mismo periodo de 2000, cuando fallecieron 104 empleados. Los accidentes en los propios centros de trabajo ya suman 92 muertes, mientras que los ocurridos in itínere (cuando el empleado se desplaza desde su domicilio al centro de trabajo o viceversa) han sido 50. Ayer mismo falleció otro obrero al caer por el hueco de un montacargas en un polígono industrial de Leganés.

Los sindicatos CC OO y UGT aplauden las medidas que propone el PP para intentar atajar la escalada de accidentes labores, pero recuerdan que algunas de ellas ya se reflejan en las leyes vigentes, y no se cumplen. 'La moción y los cambios previstos reflejan el fracaso del PP en esta materia. De todas formas, Ruiz-Gallardón ha dado un giro inteligente para hacer frente a la siniestralidad laboral. Nosotros vemos positivo el anuncio, pero esperamos que no se quede sólo en buenas intenciones', declaró el secretario de Salud Laboral de CC OO, Gregorio Benito.

La responsable de Salud Laboral de UGT, Marisa Rufino, ve 'bien' la batería de medidas anunciadas por el Gobierno regional, aunque cree que 'son insuficientes'. 'La siniestralidad laboral está relacionada con la precariedad y la temporalidad; y esos aspectos no se abordan en las propuestas del PP', subrayó Rufino.

El Gobierno, tras la previsible aprobación de estas medidas, mañana en la Asamblea, intentará pactarlas con los sindicatos y la patronal, ya que no desea que sean recurridas ante los tribunales como ocurrió cuando fue aprobado el decreto de Estabilidad en el Empleo (que puntuaba más a las empresas que tuvieran más empleo estable), medida que fue recurrida por los empresarios ante la UE.

Igualmente, el PP insta al Ejecutivo de Ruiz-Gallardón a 'tener en cuenta la siniestralidad laboral de las empresas a la hora de redactar los pliegos de las cláusulas contractuales', así como que en la ejecución de los contratos sean primadas aquellas empresas que dispongan de medidas específicas de seguridad y salud en el trabajo.

Como medida añadida, el Gobierno de la Comunidad deberá 'introducir cláusulas de penalización' a aquellas empresas a las que le hayan sido adjudicados contratos y que, durante la ejecución de los mismos, registren un elevado número de accidentes laborales. Si las empresas incurren en incumplimientos de normas de seguridad en el trabajo, eso será tenido en cuenta por la Administración regional a la hora de abonarles la liquidación final.

Evaluación de riesgosAdemás, la Comunidad deberá modificar la Ley 2/1995 de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, para incluir la 'obligatoriedad por parte de las empresas de acreditar la evaluación inicial de riesgos laborales como requisito para poder acceder a ayudas y subvenciones públicas'. Esta obligación ya se incluye en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, si bien el Gobierno no la exige, hasta ahora, en el momento de asignar las contrataciones.

El Gobierno central tendría que realizar varios cambios legislativos para que estas modificaciones sean posibles: debería cambiar la Ley General de Seguridad Social, de 20 de junio de 1994, y el desarrollo del artículo 20 del real decreto que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas.

El diputado Julio Setién, portavoz de Economía de IU, calificó ayer de 'vagas' y 'flojas' las medidas propuestas por el PP, 'teniendo en cuenta la situación gravísima por la que pasa el sector'. 'Hay que introducir nuevas cuestiones que no plantea el PP, como las enfermedades laborales, la duplicación, cuando menos, del número de inspectores del Ministerio de Trabajo, y abordar el problema de la subcontratación', dijo.

Teresa Nevado, portavoz de Empleo del PSOE-Progresistas anunció que su grupo también presentará una moción que incluye algunas de las propuestas que ahora propugna el PP. 'De todas formas', añadió, 'yo creo que las suyas son un poco alicaídas'. Nevado recordó que los socialistas ya habían propuesto anteriormente medidas similares, que fueron rechazadas por el PP.