El PP se autoexculpa

El Partido Popular ha hecho público su veredicto sobre el caso Gescartera: no hay responsabilidades políticas de ningún miembro del Gobierno ni hubo actuaciones censurables por parte de los organismos reguladores; se trata de una simple estafa. Los dimisionarios Enrique Giménez-Reyna, ex secretario de Estado de Hacienda, y Pilar Valiente, ex presidenta de la CNMV, tuvieron, todo lo más, relaciones inadecuadas con el cerebro de Gescartera, Antonio Camacho, pero sin que ello se tradujera en trato de favor en su actuación institucional. Ni siquiera un serio reproche a la CNMV o a la Agencia Tributaria por su ceguera para descubrir una estafa de 18.000 millones de pesetas, que se destapó por la denuncia judicial de un tampón falsificado.

Las conclusiones del PP no sorprenden. Están en línea con lo que sus portavoces han sostenido ante la comisión parlamentaria y con las tesis defendidas por los ministros Rato y Montoro en sus respectivas comparecencias. El 'caiga quien caiga' de Aznar se ha convertido en un ejercicio parlamentario de lavandería universal de cualquier cargo político que se haya cruzado en el camino de Camacho en los últimos años.

Asegura el diputado Vicente Martínez Pujalte que 'ningún documento o compareciente han puesto de manifiesto responsabilidad alguna del Gobierno o de alguno de sus miembros'. Olvida el portavoz popular, entre otros aspectos, que la Secretaría de Estado de Economía firmó la orden que convertía el chiringuito de Camacho en agencia de valores; que el Gobierno nombró consejeros de la CNMV a personas en abierto conflicto con el presidente de la Comisión, y que también es responsable de persistir en una política de nombramientos para las más altas responsabilidades en la Agencia Tributaria y en la Secretaría de Estado de Hacienda que ha contribuido a intensificar las sospechas de que no se están respetando las fronteras entre lo público y lo privado.

Entiende el partido del Gobierno que ni Valiente ni Giménez-Reyna influyeron en favor de Gescartera; debería explicar entonces por qué se demoró la intervención de la sociedad y por qué se malograron oportunamente las actas de inspección abiertas. Al PP tampoco le parece grave la conducta de Luis Ramallo, ex vicepresidente de la CNMV, que actuó como notario e intermediario para Gescartera después de recibir lujosos regalos de Camacho y nada más abandonar su cargo.

Pero no todo son malas noticias. El veredicto exculpatorio que la mayoría del PP impondrá a la comisión investigadora no podrá evitar que la opinión pública saque sus propias conclusiones tras las comparecencias de estas semanas. Lo que hoy sabemos acerca de la CNMV es tan inquietante que el propio Gobierno se propone reformar sus normas de funcionamiento.