Zaplana pide a Acebes la gestión del personal de Justicia

Eduardo Zaplana aprovechó la presencia ayer en Valencia del ministro de Justicia, Ángel Acebes, en un acto organizado por la Fundación Broseta para invocar una clara definición de las competencias de Justicia transferidas a la Comunidad Valenciana. La Generalitat es titular de las instalaciones judiciales y asume la nómina del personal administrativo al servicio del aparato judicial estricto, que depende del Consejo General del Poder Judicial. Pero la organización laboral de las oficinas judiciales -todo lo relativo a turnos de trabajo, horarios o utillaje para el funcionamiento diario- sigue en manos de los secretarios judiciales, que dependen del Ministerio de Justicia.

Un alto cargo de la Generalitat explica varias distorsiones que derivan de la situación actual. La construcción de nuevos juzgados, por ejemplo, se propone desde la Generalitat. El Consejo General del Poder Judicial debe informar favorablemente las propuestas para que prosperen y, finalmente, el Ministerio de Justicia autoriza la ejecución de la obras.

En materia de organización laboral se producen problemas similares. La misma fuente explica que carece de sentido que los juzgados de Benidorm, por ejemplo, permanezcan cerrados por la tarde a lo largo de los meses de julio y agosto, cuando el volumen de denuncias se multiplica.

Zaplana, en una breve alocución en la sede del Colegio de Abogados de Valencia centró su intervención en 'el avance que supone la descentralización' de las competencias de Justicia para la eficaz prestación del servicio. Pero recordó que, hasta la fecha, la cesión de competencias se ha expresado esencialmente en 'metros cuadrados'. Y reclamó: 'El personal de la Administración de Justicia también debe depender de las comunidades autónomas', que pasarían a controlar las oposiciones de acceso al servicio, las dotaciones de personal necesarias en cada juzgado y los horarios laborales.

El ministro, en un discurso previo, apostó por el efectivo desarrollo de la orden de busca y captura de ámbito europeo, de modo que los jueces puedan dictar el traslado de sospechosos en el espacio de la Unión Europea directamente a juzgados de otros países sin superar los actuales trámites administrativos y políticos que requiere una extradición.

Las respectivas reivindicaciones dirigidas a ámbitos administrativos de mayor amplitud geográfica dieron paso a las coincidencias en torno a la figura de Manuel Broseta, que ambos glosaron en la concesión de un premio al joven licenciado Andrés Boix Palop, hijo del abogado Javier Boix, por un trabajo sobre los problemas jurídicos derivados de la concesión a empresas privadas de los servicios de telecomunicación que antes eran monopolio del Estado.