Las universidades andaluzas y valencianas apuestan por programas de calidad financiables

La revisión del modelo de financiación por objetivos de calidad de cada una de las cinco universidades del sistema público valenciano ha desembocado en 'una situación de provisionalidad' que choca con los principios de 'estabilidad' y 'planificación' consagrados en el Plan Plurianual de Financiación (PPF) 1999-2003, firmado por los rectores y la Generalitat en junio de aquel año, según se desprende de los dos documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS que deberían de haberse plasmado ya en un tercer acuerdo general antes de que finalizase el mes de octubre, para poder cerrar el ejercicio de 2001.

Sin embargo, la última propuesta de la Dirección de Universidades -más incardinada con los objetivos de movilidad docente fijados por el Gobierno Aznar en su Ley de Universidades (LOU) que fue remitida apenas el 24 de octubre pasado a los rectorados- se basa inexorablemente en 'la conveniencia de revisar los indicadores utilizados en el ejercicio anterior' en base a las 'constataciones' plasmadas en un estudio externo encargado por la propia DGU, al margen de la Comisión Técnica y del Grupo de Trabajo constituido para ello.

Para los padres del PPF, que fue perfeccionado y consensuado en la primera legislatura de Eduardo Zaplana sobre la base del modelo preivio diseñado por la anterior Administración socialista, 'la revisión propuesta por el actual director general desvirtúa los criterios de objetividad y transparencia pactados' y pone en riesgo la viabilidad de un modelo que fue concebido como instrumento de planificación del Gobierno autonómico.

Prueba del liderazgo del PPF es que éste 'ha sido uno de los documentos' en los que se ha inspirado Andalucía a la hora de diseñar el suyo propio. A punto de entrar en funcionamiento, el secretario de Universidades de la Junta de Andalucía, Francisco García, impulsor de este proceso siendo vicerrector de Investigación, defiende la necesidad de que los indicadores de calidad y la financiación por objetivos sean consensuados conjuntamente a través de agencias de calidad de las que Andalucía y Cataluña han sido pioneras.

'El éxito del modelo es el gran consenso alcanzado', precisa el secretario de Universidades de la Junta de Andalucía y anterior vicerrector de Investigación de la Universidad de Córdoba, Francisco García, que está a punto de poner en marcha el nuevo Plan Plurianual de Financiación 2000-0006, que fue aprobado por el Parlamento Andaluz en mayo, tras un año de trabajo en el que se escucharon las voces y propuestas de 19 expertos, 10 rectores y 9 presidentes de consejos sociales, así como de los representantes de todos los estamentos universitarios. 'La iniciativa la han llevado las universidades, la Junta sólo ha ejercido de coordinador del trabajo'.

Si algo tienen en común el modelo andaluz y el valenciano es que ambos lideran la apuesta por sistemas universitarios que introduzcan el concepto de 'financiación por objetivos'. Pero, para ello, antes deben de darse tres elementos: unas reglas claras del juego, basadas en indicadores y criterios objetivos -que en el caso de Andalucía está en manos de la Unidad de Calidad de las Univesidades [en forma de consorcio mixto]. Dos, debe lograrse 'un sistema de información transparente' sobre la realidad económica, docente e investigadora de cada campus [que pusieron sobre la mesa todos los gerentes]. Y tres, establecer un periodo transitorio, que en el caso andaluz se estudia que sean tres años, para que las universidades alcancen niveles de convergencia interna, a fin de que el modelo permita al Sistema Universitario Andaluz converger en financiación y competitividad con las medias nacional y europea.

El proceso valenciano, pese a haver sido pionero a nivel nacional, parece caminar en sentido contrario en su tercer año de aplicación. La propuesta remitida por el actual director general de Universidades, Salvador Forner, menos autonomista que su predecesora e impulsora del PPF valenciano y muy vinculado a los criterios estatales del Gobierno central, pueden restar independencia y competitividad al modelo valenciano, según opinan fuentes universitarias de la negociación.

De entrada, la revisión del modelo encargada por Forner al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) 'revisa los indicadores utilizados para la anualidad del 2000', sin que se haya puesto sobre la mesa datos que constanten la necesidad de los cambios. La propuesta del director general básicamente, según su propio Documento para la Determinación de la Subvención Condicionada al Cumplimiento de Objetivos para el periodo 2001-20003, modifica la periodicidad y transitoriedad en que se encuentra la aplicación de PPF valenciano de 1999.

Por otra parte, acepta de manera general 13 de los 18 indicadores que estaban ya siendo aplicados (calidad docente e investigadora, éxito entre los alumnos egresados, empleo, postgrado, deporte y cultura), pero deja claro que la propuesta elaborada conjuntamente por los cinco equipos económicos de las universidades valencianas en la última reunión conjunta del 15 de octubre será revisada. 'A la vista del resultado de la aplicación del sistema de cálculo de los indicadores que establece el documento, podrán realizarse los ajustes que se consideren convenientes en su definición y fórmula de cálculo para los próximos ejercicios'. Es decir, con el sobreentendido de que 'lo que hoy vale, mañana puede ser que no'; principio que choca frontalmente con el espíritu del pacto firmado entre las Universidades y el Consell, que, además, fue respaldado recientemente con una declaración de los grupos parlamentarios del PP y del PSPV.

El Grupo de Trabajo de las cinco universidades -integrado por sus gerentes y vicerrectores económicos- ha respondido a la intención de la DGU de 'modificar el ámbito temporal de los indicadores de calidad' con otro documento en que precisa los cambios deben justificarse con datos, cuanto menos constatables, que avalen 'las correcciones' y 'ajustes' que pretende incorporar Forner. Y recuerda, en su propuesta consensuada el pasado 26 de septiembre en una reunión en Benissa a la que no acudió el director general- que la experiencia demuestra 'las dificultades encontradas en la puesta en práctica del sistema de indicadores en el ejercicio 2000', unido ésto a 'las dificultades inherentes a la generación de cualquier sistema de información'.

'Es como jugar un partido, y que te cambien las reglas del juego a mitad del encuentro', resume con ironía no exenta de malestar un progenitor del PPF, preocupado por el recorte económico que puede suponer y, de hecho, ya supuso en el ejercicio de 2000, la aplicación 'discrecional' del modelo.

Lo único nuevo de la propuesta de Forner es, a parte de los ya muy discutidos incentivos a la movilidad que propugna el ministerio, la financiación de la 'empleabilidad' de los egresados. Un concepto que bien visto, precisan, es tan absurdo como inabarcable. ¿Cómo se mide la tasa de licenciados empleados por cotización a la Seguridad Social? ¿Se va a contabilidar a todos los médicos licenciados asegurados del MIR?

'En la práctica', las voces consultadas coinciden en que esta parte del PPF que supone un 10% adicional de la financiación básica para las universidades, 'se ha convertido más que en un instrumento de planificación, en un sistema de recaudación a discreción'.