El área de Barcelona tiene la misma plantilla de policía que hace un año pese a las quejas

Todo sigue igual. El número de agentes del Cuerpo Nacional de Policía en la ciudad de Barcelona y en las comisarías de la provincia es el mismo que hace un año, cuando los alcaldes metropolitanos pusieron el grito en el cielo y advirtieron de que la situación no podía continuar así. El Ministerio del Interior se comprometió en su día a poner remedio a la situación, pero las estadísticas oficiales señalan que todo está como entonces: el mes pasado había en la provincia 4.921 policías, frente a los 4.944 de octubre de 2000. El primer secretario de los socialistas catalanes y alcalde de Cornellà (Baix Llobregat), José Montilla, amenaza con acudir a los tribunales si no se ataja la situación.

En el caso de la ciudad de Barcelona, los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía eran de 3.192 agentes el mes pasado, frente a los 3.144 de hace un año, mientras que en las comisarías de los municipios del área metropolitana se ha pasado de 1.800 policías en octubre de 2000 a 1.729 en este año. A ellos han de sumarse otros 309 agentes en prácticas, que el año pasado eran 246.

Los alcaldes de los municipios metropolitanos, gobernados por el PSC e IC-V, consideran que la falta de plantillas comporta un aumento de los delitos y de la inseguridad ciudadana, una tesis que rechaza la Delegación del Gobierno. 'En Cataluña hay ahora más policía que hace seis o siete años, cuando gobernaba el PSOE', asegura un portavoz, si bien admite que las plantillas de policía están estancadas desde hace años.

PresiónLos alcaldes metropolitanos se reunieron hace un año con el consejero de Interior de la Generalitat, Xavier Pomés, y con responsables del Miinisterio de Interior para abordar la falta de efectivos, pero el malestar se mantiene porque consideran que se les sigue sin tener en cuenta. Por eso se plantean dejar a un lado las palabras y emplear acciones más contundentes, según explicó a EL PAIS José Montilla, alcalde de Cornellà y primer secretario del Partit dels Socialistes (PSC).

'Si la policía no cumple con su función, que es garantizar la seguridad ciudadana, quizá haya que acudir a los tribunales y denunciar a los responsables políticos por prevaricación', afirma Montilla. En su opinión, los índices de delincuencia han aumentado en Cornellà en los últimos meses por falta de policía, pero la Delegación del Gobierno asegura que las cifras señalan que el número de delitos se mantiene como hace un año. En cualquier caso, Cornellà ilustra esa falta de agentes, que se traduce en una sola patrulla durante los fines de semana para cubrir esa ciudad, Esplugues y Sant Just Desvern, donde viven 150.000 personas.

La congelación o reducción de plantillas afecta también al resto de provincias catalanas. En el caso de Girona se ha pasado de 335 a 292 agentes, en Lleida, de 257 a 232 policías, y en Tarragona, de 311 a 282.

La tesis de los alcaldes es que ante la progresiva llegada de los Mossos d'Esquadra a la provincia y la ciudad de Barcelona, al ministerio no le interesa cubrir esas plazas porque sabe que a corto plazo quedarán obsoletas. 'No entiendo cómo actúa así un partido de ley y de orden como el PP', asegura Montilla en tono irónico. En su opinión, 'resulta inadmisible la desidia total que muestra la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior'. Por ello, aconsejó a la delegada del Gobierno en Cataluña, Julia García-Valdecasas, que dimita 'si es incapaz de cumplir con la obligación de su cargo'.

El líder socialista opina que la supuesta 'desidia' de los responsable políticos de la policía responde a una estrategia premeditada. 'Supongo que actúan así porque no les comporta ningún coste político, pero nosotros no estamos dispuestos a asumirlo', añade.

Fuentes de la Delegación del Gobierno calificaron las palabras de Montilla de 'erróneas, desproporcionadas y alarmistas' si hablaba como alcalde de Cornellà. Si lo hacía como líder del PSC, las mismas fuentes aseguraron que 'existe una estrategia de ese partido para utilizar la inseguridad como arma política y para eludir sus responsabilidades como alcaldes'.