El cobrador del frac

EL CARTERO de la Unión Europea (UE) ha llamado de nuevo a la puerta de un Estado miembro para hacerle entrega de un aviso de multa por irregularidades en el cobro de subvenciones comunitarias; esta vez, el timbrazo ha sonado en España por culpa del llamado fraude del lino, denunciado por los socialistas en la campaña de las elecciones europeas de 1999. Una comisión parlamentaria de investigación celebrada a matacaballo durante el verano exculpó -con los votos del PP y de los nacionalistas catalanes y canarios- a varios altos cargos del Ministerio de Agricultura (el subsecretario y presidente del FEGA, el director financiero de Mercasa y el director general de Ganadería) y al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, relacionados personal o familiarmente con explotaciones y empresas perceptoras de las subvenciones. Pero el Gobierno de Aznar no contaba con el cobrador europeo del frac: sobre la base del estudio realizado a lo largo de los dos últimos años por la Oficina Europea de Lucha Antifraude (OLAP), Bruselas exigirá -si no hay conciliación con España- la devolución de las subvenciones otorgadas de 1996 a 1999 (unos 20.000 millones).

España podría ser sancionada con una multa de 20.000 millones por el fraude generalizado cometido entre 1996 y 1999 en la percepción de las ayudas comunitarias al cultivo del lino

Las ayudas de la política agraria comunitaria (PAC) han sido el coto predilecto de los avispados cazaprimas que se dedican a parasitar los incentivos a los cultivos. No es preciso comulgar con el ultraliberalismo doctrinario para reconocer que el incontrolado intervencionismo de las administraciones crea un peligroso clima favorable a la corrupción de políticos y funcionarios públicos, en connivencia muchas veces con los empresarios y ciudadanos cuya conducta deberían en teoría vigilar; sin embargo, las habituales promesas electorales de disminuir drásticamente la dimensión del sector público -menos Estado- es una consigna retórica de muy difícil cumplimiento en una democracia.

La forma adecuada de combatir el fraude no es suprimir las subvenciones agrarias de la UE, sino extremar las medidas para impedir su uso indebido. En el caso del lino, existían datos suficientes para que el Ministerio de Agricultura y las consejerías de las comunidades autónomas hubiesen actuado preventivamente en la segunda mitad de los noventa. Hasta 1993-1994, el lino era en España una producción marginal que ocupaba menos de 200 hectáreas; las ayudas europeas (unas 120.000 pesetas por hectárea) fueron el motor de la extensión de su cultivo: desde las 11.000 hectáreas de 1996 hasta las 91.000 de 1999. El incendio aparentemente premeditado de varias plantas transformadoras, estaciones terminales del cobro de subvenciones, confirmó las sospechas de que ese crecimiento desmesurado estaba asociado a la corrupción.

El escrito enviado a la OLAF (cuyas competencias son de orden administrativo) en diciembre de 2000 por la Fiscalía Anticorrupción española -personada ante la Audiencia Nacional- informaba sobre sus investigaciones en el ámbito penal y exponía de forma convincente y pormenorizada los fundamentos de una demoladora conclusión final: las ayudas comunitarias al sector del lino no habían dado lugar a meras irregularidades, sino de un fraude generalizado. La sanción administrativa anunciada oficiosamente desde Bruselas a España podrá ser recurrida ante el Tribunal de Luxemburgo; la instrucción penal no ha reunido aún el material probatorio necesario para individualizar la acusación genérica. ¿A quién corresponden las responsabilidades políticas por esa sangría de recursos presupuestarios europeos y, por lo tanto, españoles? Las comunidades autónomas corren con la tarea de controlar las subvenciones comunitarias, pero los deberes de vigilancia de la Administración central resultan obvios. Loyola de Palacio, actual comisaria europea de Transportes, se verá obligada dentro de pocos meses a pronunciarse sobre una sanción de la UE contra España por el fraude generalizado en las ayudas comunitarias al lino cuando era ministra de Agricultura.