Paños calientes
La ministra Celia Villalobos ha presentado como un triunfo de su departamento el acuerdo alcanzado estos días con Farmaindustria por el que el sector farmacéutico retornará a las arcas públicas, durante tres años, entre 8.000 y 17.000 millones de pesetas de la facturación de medicamentos. Pero la que tiene motivos para estar satisfecha es la industria.
La aportación será muy inferior a los 30.000 millones anuales que reclamaba Sanidad en los contactos iniciales e incluye una serie de cláusulas que no sólo no contribuyen al ahorro de la partida farmacéutica, que este año alcanza 1,2 billones de pesetas, sino que puede limitarlo en el futuro. Éste es el objetivo del apartado que establece un tope de 50.000 millones de pesetas anuales en el posible ahorro derivado de la promoción de los medicamentos genéricos, la aplicación de precios de referencia y otras medidas de contención.
La industria farmacéutica tiene razón cuando reclama un marco estable de relaciones con la Administración que evite medidas unilaterales como la que aplicó Sanidad al recortar un 15% el precio de varios grupos de fármacos. Pero el Gobierno está obligado a hacer un uso más eficiente y racional de los recursos disponibles, y es evidente que un cliente que gasta 1,2 billones al año está en disposición de negociar condiciones más favorables con los proveedores. Y desde este punto de vista, el acuerdo son paños calientes.
En paralelo, una política de ahorro a largo plazo implica también medidas a favor de un uso más racional de los medicamentos. Para ello hay que actuar, en primer lugar, sobre la prescripción: en España no sólo se abusa del recetario, sino que su contenido es claramente mejorable. Y hay que revisar la política de aprobación de nuevos medicamentos. La mayoría sólo representan mejoras parciales y a veces dudosas sobre fármacos ya existentes que, sin embargo, multiplican varias veces su precio. Debería arbitrarse un sistema que permita evaluar la relación coste-efectividad de cada nuevo fármaco y condicionar tanto la aprobación como el precio al resultado de esa evaluación. Algunos expertos proponen aplicar además tasas y otros mecanismos de contención sobre las elevadas cantidades de dinero que los laboratorios destinan a la promoción de sus productos, que revierten en el precio y cuyo objetivo es incentivar la prescripción más allá de las estrictas necesidades sanitarias. Ésa es la senda que tarde o temprano se va a tener que emprender.
