El Incasol sólo construyó el año pasado un centenar de viviendas para familias pobres

La vivienda protegida en Cataluña va de baja. El Instituto Catalán del Suelo (Incasol), organismo del Gobierno catalán encargado de la promoción de vivienda pública, construyó el año pasado 63 viviendas de régimen especial (las que cuentan con ayudas para las familias con menos recursos), según datos de la Fundación Família i Benestar. El Ejecutivo niega la cifra y la eleva a 111. En ambos casos se trata de cantidades muy inferiores a las de 1999, cuando el Incasol construyó 311 viviendas de este tipo, y a las de 1993, cuando se edificaron 1.352.

El estudio de Carme Trilla, una de las principales especialistas catalanas de este sector, es demoledor: tras unos años de crecimiento constante, que tienen su punto más alto en 1995, cuando se construyeron 20.981 viviendas protegidas, que incluye las de protección oficial y las de régimen especial, la cifra no ha hecho sino caer, con dos puntas especialmente bajas: en 1998 sólo se construyeron 3.645, y el pasado año, 5.483.

Pero lo más preocupante, según señala Roberto Labandera, diputado del PSC en el Parlament, es la caída estrepitosa de la construcción de viviendas de régimen especial, las destinadas a las familias menos favorecidas, con ingresos por debajo de los 2,5 millones de pesetas anuales. Y dentro de este subsector, es especialmente alarmante, añade, que el Gobierno catalán casi haya dejado de intervenir.

El estudio señala que las construcciones hechas por el Incasol son sólo 63, de un total de 490. El Gobierno catalán asegura que la cifra no es correcta. Un portavoz del Departamento de Política Territorial, del que dependen las ayudas a la vivienda, señala que en 2000 el Incasol construyó 111viviendas: 36 en La Bisbal, 15 en Girona, 12 en Reus y 48 en Vic.

Sea una u otra la cifra, ambas quedan lejos de las 311 construidas el pasado año y muy lejos de las 1.352 de 1993. Incluso quedan lejos de la cantidad de viviendas que el año pasado construyeron los ayuntamientos: 294, siempre según el informe de Carme Trilla. Éste es uno de los motivos que llevan a los socialistas a reclamar más competencias en vivienda para los ayuntamientos.

Labandera apunta que las cifras demuestran que no se está construyendo vivienda social para familias con pocos recursos, inmigrantes y jóvenes en proceso de emancipación. 'El Gobierno de CiU no promueve la vivienda protegida, no estimula el mercado de alquiler, ni siquiera se esfuerza por conservar el parque de vivienda protegida bajo control público acudiendo a comprar las que se ponen a la venta'. Si se suma a ello el aumento de precio de la vivienda del mercado libre, el resultado es que amplios sectores sociales no pueden acceder a ella.

Para paliar el problema, los socialistas han propuesto para Cataluña un plan de vivienda con 25 medidas destinadas a potenciar el mercado de alquiler, la protección oficial y la rehabilitación de viviendas antiguas, para facilitar el acceso de jóvenes, familias de menor poder adquisitivo e inmigrantes. También piden aumentar las competencias de los ayuntamientos, que consideran más sensibles a los problemas de los ciudadanos.