El PP estudia recurrir la Ley de Acompañamiento por los convenios para el metro

El portavoz regional de Infraestructuras del PP, Jorge Ramos, anunció ayer que su grupo presentará enmiendas a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2002 para suprimir el artículo que regula convenios de colaboración entre las Administraciones para construir infraestructuras metropolitanas, como la línea 1 de metro de Sevilla, cuya construcción y explotación, según los planes de Junta y Ayuntamiento, serán concedidos a una empresa o grupo de empresas el próximo año. Ramos anunció que, si las enmiendas no son aceptadas, el PP recurrirá ante el Tribunal Constitucional esta norma autonómica.

'No se puede plantear la construcción de metros sin una Ley de Ordenación del Transporte Metropolitano, sin que previamente se haya definido ni el modelo de titularidad, ni el modelo de gestión, ni la propia participación de las administraciones', indicó Ramos. Las competencias para el transporte metropolitano están transferidas al Gobierno andaluz, que ha decidido establecer en la Ley de Acompañamiento la fórmula (el convenio de colaboración) que le permitirá acordar ya con los Ayuntamientos cómo financiar la construcción y explotación de grandes infraestructuras, algo para lo que el PP exige una ley específica.

Confiscar

Estos convenios de colaboración, según Ramos, 'no son más que un modo de confiscar las competencias de los municipios para que la Junta haga lo que le viene en gana'. En todos los metros construidos hasta ahora en España (Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia), la financiación de las obras ha corrido mayoritariamente a cargo de los Ejecutivos autonómicos, mientras que los Ayuntamientos, en algunos casos, han limitado su aportación al material móvil.

La Ley de Acompañamiento es una norma que se creó al final de la etapa del PSOE al frente del Gobierno central, como consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional que exigía una ley complementaria para recoger las modificaciones legales que implicaba la aplicación de los Presupuestos. Desde 1996, esta ley escoba ha sido empleada por el Ejecutivo central y los Ejecutivos autonómicos en casi todos los ejercicios presupuestarios.

En los tres últimos años, la aplicación de la Ley de Acompañamiento por el Gobierno central ha provocado una fuerte polémica y ha llevado al PSOE a recurrir ante el Tribunal Constitucional las leyes de 1999, 2000 y 2001. En estos años, el PP ha incluido en la Ley de Acompañamiento medidas de gran calado, como la creación de fundaciones sanitarias, la compensación de 1,3 billones de pesetas a las compañías eléctricas, la flexibilización de los supuestos de incompatibilidad de los altos cargos, el traspaso de RTVE a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la creación de una tasa radioeléctrica a las operadoras de móviles o la modificación de la fiscalidad de las opciones sobre acciones.

En 2002, ante las críticas recibidas, el Gobierno central ha anunciado menos modificaciones legales en la Ley de Acompañamiento, también censurada por el Consejo Económico y Social. Aún así, ya ha anunciado que incluirá el cobro por anticipado del impuesto de sociedades o la introducción de la competencia entre los registradores de la propiedad.